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Del Lic. José Manuel Echandi Meza, para señores magistradas, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia. Recurso de ...

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Material Information

Title:
Del Lic. José Manuel Echandi Meza, para señores magistradas, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo en defensa del recurso hídrico
Translated Title:
From Lic. Jose Manuel Echandi Meza, to señores magistradas, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia. Resource of shelter in defense of the hydric resource ( )
Physical Description:
Book
Language:
Spanish
Creator:
Defensoria de los Habitantes
Publisher:
s.n.
Place of Publication:
Santa Elena, Monteverde

Subjects

Subjects / Keywords:
Agua potable
Potable water
Recurso de Amparo
Resource of Shelter
Recurso Hidrico
Hydric Resource
Monteverde -- Cerro Plano -- Santa Elena
Genre:
Letters   ( local )
Letters   ( local )

Notes

Abstract:
Recurso de amparo en defensa del recurso hídrico. De la Defensoria de los Habitantes contra el Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaria Técnica Ambiental (SETENA), Servicios Nacionales de Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento, y la Municipalidad de Puntarenas ya que las concesiones otorgadas en Monteverde son violatorias de los derechos constitucionales.
Abstract:
Resource of shelter in defense of the hydric resource. From the Defensoría de los Habitantes against the Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), Servicios Nacionales de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, and the Puntarenas Municipality, since the permissions given in Monteverde are against constitutional rights.
Language:
Español/Spanish.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
usfldc doi - M36-00330-DR-3016
usfldc handle - m36.330-dr-3016
System ID:
SFS0001812:00001


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2 110
Defensoria de los Habitantes.
1 0 242
From Lic. Jose Manuel Echandi Meza, to seores magistradas, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia. Resource of shelter in defense of the hydric resource.
245
Del Lic. Jos Manuel Echandi Meza, para seores magistradas, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo en defensa del recurso hdrico.
260
g El 1 de junio 2005/June 1, 2005.
Santa Elena, Monteverde
3 520
Recurso de amparo en defensa del recurso hdrico. De la Defensoria de los Habitantes contra el Ministerio de Ambiente y Energa, Secretaria Tcnica Ambiental (SETENA), Servicios Nacionales de Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento, y la Municipalidad de Puntarenas ya que las concesiones otorgadas en Monteverde son violatorias de los derechos constitucionales.
Resource of shelter in defense of the hydric resource. From the Defensora de los Habitantes against the Ministerio de Ambiente y Energa, Secretara Tcnica Ambiental (SETENA), Servicios Nacionales de Aguas Subterrneas Riego y Avenamiento, and the Puntarenas Municipality, since the permissions given in Monteverde are against constitutional rights.
546
Espaol/Spanish.
655
Letters
local
653
Agua potable
Potable water
Recurso de Amparo
Resource of Shelter
Recurso Hidrico
Hydric Resource
Monteverde -- Cerro Plano -- Santa Elena
720
Scanned by Monteverde Institute.
773
t The State of Water in Monteverde, Costa Rica: A Resource Inventory.
049
FHmm
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?m36.330-dr-3016



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RECURSO DE AMPARO EN DEFENSA DEL TRAMITACION URGENTE. PROMOVIDO POR LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPBLICA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGA, CONTRA LA SECRETARIA TCNICA AMBIENTAL (SETENA); CONTRA SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO Y CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS EN RAZN DE LAS CONCESIONES OTORGADAS EN LA ZONA DE MONTEVERDE Y EN LA QUE LAS ACTUACIONES DE TALES INSTITUCIONES RESULTAN VIOLATORIOS DE DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO CONSECUENCIA DE LA DESATENCIN QUE TALES ENTIDADES E INSTANCIAS PBLICAS HAN INCURRIDO DE CARA A LAS OBLIGACIONES QUE LA. CONSTITUCIN POLTICA LES IMPONE Y QUE AFECTAN DE MANERA DIRECTA A LOS PRINCIPIOS QUE SOBRE EL BUEN GOBIERNO, DEBIDO PROCESO, PROTECCIN AMBIENTAL, DERECHO DE DEFENSA Y EJERCICIO DE DERECHOS PATRIMONIAL EMANAN DE NUESTRA CARTA MAGNA. 1

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Honorables Seores Magistrados y Magistradas Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia. El suscrito, JOS MANUEL ECHANDI MEZA, mayor, casado una vez, con cdula de identidad nmero [Redactada/Redacted], vecino de Moravia, en mi condicin de DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPBLICA, segn acuerdo de nombramiento de la Asamblea Legislativa N 5096, del 6 de junio del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el da viernes 15 de junio del 2001, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N 7319 del 17 de noviembre de 1992, interpongo formal RECURSO DE AMPARO en contra de las instituciones precitadas en razn de la lesin de derechos constitucionales que generan sus actuaciones en el caso del otor gamiento de concesiones en la zona de Monteverde. Los derechos que ha juicio de esta Defensora son violentados a travs de la accin-omisin de estas instituciones estn consagrados en la Constitucin Poltica y en los siguientes instrumentos internacionales de Derechos Hu manos que han sido adoptados por Costa Rica: Protocolo Adicional a la Convencin American a sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Adems de los principios constitucionales en materia medioambiental y que son desarrollados a travs de la legislacin nacional. 2

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I. LEGITIMACION El presente Recurso de Amparo se interpone con base en la legitimacin y potestad que otorga la Ley de la Defensora de los Habitant es, Ley N 7319, para incoar cualquier tipo de acciones jurisdiccionales y administrativa s previstas en el or denamiento jurdico. Competencia respecto de la cual la Sala Constitucional ha sealado lo siguiente: En cuanto a la legitim acin para accionar ante los tribunales de justicia, el artculo 13 de la ley, le permite inic iar todas aquellas acciones o recursos judiciales contra la administracin pblica, en aquellos casos en que a su juicio los tribunales pue dan, por la ndole del te ma, brindar una solucin idnea al fondo de la cuestin, sea porque en la prctica no existe nadie con la debida personer a, fondos o tiempo como para estar legitimado o dispuesto a iniciar l mismo la acci n, o porque el interesado pertenece a aquel grupo personas o sectores de personas que, como ya se ha mencionado, por las circunstancias que sean (ignorancia, marginacin econmica o cultural, etc.), Se encuen tran de hecho en una situacin de desventaja frente a la administracin pblica. En sntesis, cabe concluir a) que el ordenamiento jurdico le ha otorgado al Defensor de los Habitantes una esfera de competencias sumamente amplia, que no es excluyente de otras competencias constitu cionales o legales sobre la materia; b) que le compete supervisar el correcto f uncionamiento de la Administracin, para contribuir a asegurar su apego al Princi pio de Legalidad, as como proteger los derechos e intereses de los habitantes y, en esta medida, la ley le brinda todos los mecanismos necesarios para desempear es a tarea (...) c) que la Defensora puede acudir a la va de la accin de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, de habeas corpus y dems acciones qu e sean necesarias para realizar sus cometidos. (Resolucin de la Sala Constitucional N 2000-7730, de las catorce horas cuarenta y siete minutos del treinta de agosto del dos mil). 3

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ANTECEDENTES En esta Defensora se tram ita el expediente nmero 18024-23-04, re lacionado con una denuncia interpuesta por el se or Danilo Zamora Miranda, en representacin de un grupo de vecinos de Monteverde. Concretamente el denunciante solicit que se investigue sobre dos concesiones de agua para riego, adjudicadas segn su dicho, a la Sociedad de Usuarios ROMUGECA S.A. en las quebradas "Mquina" y "Cu echa", ya que las mismas aparentemente se otorgaron en forma irregular, atentando contra el recurs o hdrico de la zona y el ecosistema mismo. En virtud de los hechos denunci ados, esta Defensora admiti el caso para su estudio y anlisis, procediendo a la apertura de dos expedientes conforme a sus competencias de ley y para mejor resolver. Bajo el e xpediente No. 18313-24-2005 esta Defensora analizar el tema del procedimiento seguido por la administracin pa ra el otorgamiento de las concesiones de agua supra mencionadas, as como el tema denunciado por algunos vecinos de la comunidad en cu anto a las obras civiles ejecuta das, concretamente obras de zanjeado en vas pblicas, tanto nacionales como vecinales y los correspondientes permisos otorgados al efecto. Por otra parte, bajo el expediente No. 18024-23-2004, al cual pertenece el presente informe, aborda r los posibles impactos ambientales de las concesiones sobre el medio ambiente y concretamente sobre el recurso hdrico. Para tales efectos, se procedi a solicitar a las autoridades respectivas que rindieran los informes sobre los hechos apuntados. En oficio 12475-2004-DHR de fecha 22 de diciembre del 2004, se solicit informacin al Departamento de Aguas y en el oficio 12488-2004-DHR de fecha 23 de diciembre del 2004 se solicit informacin a la Direccin del rea de Conservacin Tempisque, ambas instancias del Ministerio del Ambiente y Energa. Mediante oficio 1205-2005-DHR de fecha 07 de febrero de l 2005, se solicit ampliacin de informacin al Departamento de Aguas del Ministerio de l Ambiente y Energa y en oficio 1471-2005-DHR de fecha 15 de febr ero del 2005 se solicit informacin al Ministerio de Agricultura y Ganadera; por oficio 1210-2005-DHR de fecha 07 de febrero del 2005, se solicit informaci n a la Secretara Tcnica Na cional Ambiental y en oficio 1285-2005-DHR de fecha 07 de fe brero del 2005, se so licit informaci n al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento. De seguido se exponen las respuestas de las instituciones cons ultadas as como las diligencias de esta Defensora en el caso concreto: 4

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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGA A la solicitud de informacin remitida por esta Defensora en diciembre al Departamento de Aguas, se dio respuesta en oficio INM-DA-0160-04 del 13 de enero del 2005, suscrito por el seor Jos Miguel Zeledn, Jefe del Departa ment de Aguas, informando sobre la secuencia en la tramitacin administrativa de las concesiones, tema no objeto de investigacin en el presente informe. El da 12 de enero del 2005, la Defensora de los Habitantes coordin una visita a la comunidad de Monteverde, en compaa de funcionarios de l Ministerio de Ambiente y Energa del Area de Conservacin Tempisque del Departamento de Aguas del mismo Ministerio, del Servicio Naciona l de Riego y Avenamiento y diferentes representantes de la comunidad. En esta oportunidad se realiz una reunin en las ofic inas del Concejo de Distrito de Monteverde, en la cual la Defe nsora tom nota de las posiciones de las partes, y propici el dilogo entre las mismas y los funcionarios pblicos asistentes y, posteriormente se realiz una inspeccin a las quebradas "Mquina" y "Cuecha". De la inspeccin real izada esta Defensora solicit a las instituciones asistentes que remitieran el informe tcnico que acreditara la evaluacin de lo observado in situ, para incorporar el criterio tcnico a la presente resolucin. El Ministerio del Ambiente y Energa, rea de Conservacin Tempisque, por oficio ACAT-D-GMR-007 del 24 de enero del 2005, suscrito por el seor Angel Manuel Guevara Villegas, Gerente de Manejo de Recu rsos Naturales, inform que de la visita realizada a las dos quebradas "Cuecha" y "Mquina", se haban encontrado algunas irregularidades. Al respect o se indic lo siguiente: "... 4. En la gira de campo se pudo determinar lo siguiente: a. Quebrada "Mquina": en zona de prot eccin y sobre el cauce se construy un tanque de cemento de aproximadamente (1.5 x 1.25 x 1.2 metros), capacidad de almacenaje estimada en 2 m3, para captacin y filtraje. No se observ corte de la vegetacin sobre el cauce, solo remocin de materiales y suelo para la construccin del tanque. Aguas arriba sobre el curso de la quebrada aproximadamente a 25 metros del tanque, se construy una represa en fo rma transversal a la quebrada con una altura de 90 centmetros de alto. Se removi materiales y suelo para la construccin de dicha obra. Se observ otras obras sobre el cauce como cajas de registro y tuberas de otras captaciones. b. Quebrada "Cuecha": se observaron ob ras previstas para la construccin de represamiento, tuberas de 6 pulgadas de dimetro instaladas y enterradas. Se removi suelo y materiales para el represamiento. c. Finca Propiedad de James Green: En esta finca se estn realizando remocin del suelo en terrenos de uso agrcola y construccin de laguna cercana y dentro de la zona de proteccin de la Quebrada Cuechas. As como corta de vegetacin arbrea. 5. Los datos de campo georeferenciados en el sistema de informacin geogrfica del ACTAT, determina que las obras se realizaron en la zona de amortiguamiento 5

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de la zona protectora Arenal Monte Verde y dentro del corredor biolgico "Monte Verde Golfo de Nicoya ". 6. Es importante destacar que conforme ha aumentado la poblacin en la regin de Monte Verde, la demanda sobre recursos hdricos se ha incrementado. El agua disponible para los ecosistemas acuticos ha disminuido no solo debido a una menor cantidad de agua en ros y quebradas, sino por la prdida de calidad de este recurso... 7. Los ecosistemas boscosos y ribereos proveen bienes y servicios a la economa de Monte Verde y del pas; y estos se han venido consecuentemente deteriorando, eliminando opciones de desarrollo en forma no planificada. RECOMENDACIONES:... 5) Dar seguimiento de acuerdo al debido proceso a los impactos ocasionados en la remocin del suelo y las obras dentro de la zona de proteccin de la quebrada "La Cuecha", en la finca propiedad del seor James Green, por parte de la Oficina de Atencin al Usuario del ACAT en Monte Verde.... En dicho informe se adjuntaron como prueba las siguientes fotografas del lugar que dan fe de lo observado en su momento: Obra de excavacin dentro de la zona de proteccin de la quebrada "Cuecha" 6

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Movimiento de tierra cercano a la q uebrada "Cuecha" Tala en la finca del seor James Green Amn de lo anterior, es menester indicar que el informe rendido por el rea de Conservacin Arenal Tempisque en su primera conclusin indica: "1. A pesar de que el ACAT tiene una oficina de atencin del usuario en Monte Verde; el SENARA y las otras dependencias del MINAE (Dpto. Aguas y SETENA), no realizaron ninguna consulta sobre los posibles impactos de este proyecto en la regin de Monte Verde. La Secretara Tcnica Nacional Ambiental (SETENA), en el informe rendido con ocasin de la visita de campo, oficio nmero SG-127-04 del 26 de enero del 2005, suscrito por la MBA. Patricia Campos Mesen, Secretaria General, informa que el proyecto de riego en cuestin no ha incumplido con las obligaciones ambientales plasmadas en el Plan de Gestin Ambiental. Se indica que mediante oficio SG-1562-2003-SETENA de fecha 26 de setiembre del 2003 se otorg la viabilidad ambiental al proyecto. Y en resolucin No. 1750-2004-SETENA del 19 de octubre del 2004, se aprob una prrroga por el plazo de 6 meses a la declaratoria de viabilidad ambiental. Por otra parte mediante oficios IMN-DA-0376-05 del 8 de febrero del 2005, y IMN-DA0405-05 del 14 de febrero del 2005, suscritos por el seor Jos Miguel Zeledn, Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energa, informa que las concesiones haban sido otorgadas de acuerdo a los documentos tcnicos aportados por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento. En oficio SG-392-05 de fecha 01 de marzo del 2005, la SETENA indic que no se realiz inspeccin en el presente caso, basado en Reglamento General sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental. Indica que de acuerdo a la informacin suministrada por el Departamento de Aguas y el Instituto Meteorolgico Nacional, ambas instancias del MINAE, concluyeron que la obra a desarrollar era de riesgo ambiental mnimo. No obstante lo anterior, se solicit al SENARA una "Declaracin Jurada" de compromisos ambientales. 7

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SERVICIO NACIONAL DE AGUA S SUBTERRNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO. 1.Por oficio RC-013-05 del 13 de enero del 20 05, suscrito por el In geniero Luis Diego Castillo Valle, Coordinador Regin Central Occidental del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, indica que en la fecha de realizacin de la in speccin no exista construccin alguna al sitio de toma y conduccin del Proyecto Monte Verde de la Sociedad de Usuarios de Agua de ROGUMECA S.A. 2.El Servicio Nacional de Aguas Subterrneas, Riego y Avenamiento, por oficio GE134-2005 del 16 de febrero de l 2005, suscrito po r el Ingeniero Serg io Salas, Gerente General manifest el apoyo de la institucin al proyecto de riego, exponiendo las razones que sustentan las condiciones para otorgar las respectivas concesiones, en principio condiciones meramente ambientales, cuyo ef ecto es netamente tcnico para una buena produccin. Al resp ecto se indic: "... El balance hdrico de la zona de Monteverde ... basado en datos reales de precipitacin, humedad relativa y temperatura, la cantidad de agua que se necesita suplir al suelo para contrarrestar las prdidas de agua por evapotranspiracin, es decir, comparando lluvia contra los requerimi entos de agua de los cultivos, se define el dficit de agua que se debe aportar a los cultivos riego. Con los datos de temperatura media y humedad relativa se calcula la evapotranspiracin potencial (ETP) de la zona en estudio cuyo dato corresponde a los requerimientos de los cultivos. Haciendo una resta de ETP menos la precipitacin efectiva nos da el dato de d ficit hdrico de la zona, es decir, la cantidad de agua que es necesario suplir al cultivo para que pueda producir sin ningn estrs hdrico. Si el ETP es mayor que la precipitacin efectiva se entender que cualquier cultivo que se siembr e en la zona ocupa de riego... Con base en la informacin presentada... queda demostrado que en la zona de Monteverde existe una necesidad de contar con sistemas de riego si se quiere poner bajo produccin cultivos que sean econmic amente rentables, ya que el dficit hdrico de la zona no permitira obtene r una produccin elevada. Adems durante algunos meses no permitira la produccin del todo... MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERA En oficio DM-175 del 01 de marzo del 2005, el Ministro Rodolfo Coto Pacheco, inform lo siguiente: "1. Poltica del MAG para el desarrollo de la actividad agrcola de la zona de Monteverde. El objetivo del proyecto es incentivar las siembras de ho rtalizas tanto en invernadero como a cielo abierto en la cual se utilizara la tcnica de riego por goteo en la que se evitara la erosin de los suelos, se aprovechar al mximo el 8

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agua y evitar el desperdicio de esta. Ad ems el riego se va utilizar en la produccin de pasto para la produccin de leche y ganado doble propsito y tambin ser utilizado en riego para el cultivo de caf. Todas estas tcnicas tienen la finalidad de conservar el suelo y el ambiente. Este proyecto de riego fue presentado por la Sociedad de Usuarios ROGUMECA y es apoyado por el ASA de Monteverde. 2. Criterios tcnicos del fideicomiso MAG-PIPA/BANCREDITO en relacin a la actividad agropecuaria establecidos para la aprobacin del crdito dentro del fideicomiso de la Sociedad de Usuario de Aguas ROGUMECA: El fideicomiso MAG-PIPA/BANCREDITO co mo herramienta de apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y Ganader a busca fortalecer preferentemente a las organizaciones de pequeos y medianos productores agropecuarios para incrementar la productividad de sus pr edios mediante la ej ecucin, desarrollo, innovacin y aplicacin de tecnologa apropiada a las actividades agrcolas por medio del financiamiento, para ello se basa en las polticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadera co mo ente rector del sector agropecuario. Coordinado con el accionar del Sector Agropecuario se han ejecutado proyectos que permitan una transformacin tecnolgica en procura de un mejor aprovechamiento de los recursos como es el caso del Proyecto de Riego financiado a la Sociedad de Usuarios de ROGUMECA. Este proyecto se encuentra dentro de las acciones estratgicas a desarrollar por el Programa de Generacin de Empleo coordina do por el Ministerio de Planificacin Nacional, y su objetivo es fomentar la agricultura bajo riego; tambin se encuentra dentro del plan sectorial y por ende en el Plan Anual Operativo institucional de la Direccin Regional Pacfico Central del Ministerio de Agricultura y Ganadera. De acuerdo con lo anterior, SENARA como institucin del Sector Agropecuario que se especializa en el aprovechamiento y distribucin del agua para riego dirigido al apoyo en el incremento y diversificacin de la produccin agropecuaria del pas, prepara el estudio de factibilidad, dete rminando los aspectos tcnicos de la construccin del riego y costos de la obra, que en este caso es de 49.9 millones de colones; as mismo, coordina la ejecucin del proyecto a nivel tcnico, al igual que todos los proyectos, ste fue aprobado previamente por el Comit Sectorial Agropecuario de la Regin Pacfico Central. El objetivo general del proyecto es prom over la reconversin hacia una agricultura bajo riego ms eficiente, incrementando la produccin de los sistemas agro productivos a travs de la construccin de un sistema de riego a presin y sus respectivos sistemas parcelarios para 19 hectreas en el poblado de Monteverde. Se busca con ello, elevar el nivel de ingr eso de los usuarios del proyecto por la diversificacin y la intensific acin de los medios de produccin, generar fuentes de empleo en la zona, incrementar la produ ccin y la productividad de los cultivos a sembrarse de una manera sostenida durante todo el ao, mejorar las tcnicas de produccin en los cultivos para autoconsumo e inducir la cultura de riego para garantizar un uso racional y eficiente de los recursos agua y suelo. 9

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SENARA es la institucin enca rgada de supervisar la construccin de las obras de infraestructura para dotar de riego a las fincas de los miembros de ROGUMECA, donde se instalar un sistema de conduccin por medio del cual el agua ser llevada desde el sitio de la toma ubicada en queb rada Cuechas hasta las reas de riego. La conduccin principal tiene 5,820 metros y contar con 11 tomas parcelarias. El sistema de riego a instalar se fundament a en las caracterstica s del cultivo, el tipo de suelo y la topografa, por ello se u tilizar el riego por aspersin mvil para los agricultores beneficiarios del proyecto que solicitaron un sistema de riego, para la produccin de chile, tomate y hortalizas, se instalar un sistema de riego por goteo en un rea de 10,000 m2 por agricultor. Complementando estas tcnic as y debido a que en Monteverde las cantidades de lluvia que se presentan en ciertas pocas de ao son superiores a las que necesita el cultivo y en otras pocas hay escasez de agua, se pretende que los productores en una etapa posterior inmediata adopten sistemas de produccin en ambiente controlado de tal manera que puedan ser controlados factores agroclimticos y fitosanitarios. Bajo este sistema productivo se busca lograr un uso ms racional y eficiente del agua. De conformidad con el SENARA, apoyado con el MAG y dems instituciones del sector agropecuario presentes en cada regin, define los criterios tcnicos sobre los cuales se analizan y establecen las condici ones para el financiamiento del proyecto de riego." Otros documentos de importancia an alizados durante la investigacin: 1.Mediante oficio CMDM-05-02-05 del 04 de febrero del 2005, suscrito por el seor Marcony Surez Soto, Intendente Muni cipal, dirigido al seor Ministro del Ambiente y Energa, seor Carlos Manuel Rodr guez Echandi, solicita la revisin de las concesiones otorgadas a la Sociedad de Usuarios de Agua ROMUMECA S.A. y la conveniencia de realizar un estudio de imp acto ambiental en relacin con las mismas. 2."Declaracin Jurada" de fecha 26 de mayo del 2003, ante el Notario Lic. Geovanni Lpez Jimnez, seg n el cual el SENARA asume responsabilidades de tipo ambiental para la ejecucin de los Proyect os de Riego de Monteverde. Entre los compromisos ms relevantes se menciona: ".. En la actividad de movimiento de tierras por excavacin de zanjas para la colocacin de la tubera, el SENARA se compromete a disponer adecuadamente los materiales extrados en el sitio de c aptacin en ambas mrgenes de la zanja... El SENARA se compromete a encauzar la s aguas de escorrenta y otros flujos superficiales para minimizar de ese modo los problemas de lavados de suelo y la consecuente sedimentacin, producto de la construccin de dicha obra. Se ubicar apropiadamente la red de riego par a evitar deslizamientos y se evitar la corta de rboles sobre la lnea de conduccin de la tubera, de tal manera que la 10

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lnea de conduccin de la tubera tenga un trazado que se ajuste a la permanencia de los rboles existente..." 2.Informe IMN-DA-2696-20 03 del Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energa, emite el criterio tcn ico que da base a las concesiones otorgadas. Otras gestiones realizadas en atencin a la denuncia: El da 24 de enero del 2005, los denunciantes se aperso nan en esta Defensora y son atendidos por el Defensor Jos Manuel Echandi Meza, en la cita se recibe una ampliacin de la denuncia en torno a las ac ciones llevadas a cabo por personeros del Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, siendo que el Mi nistro de dicha cartera se encontraba en la reunin, se tomaron varios acuerdos, sien do uno de ello s de que se volvera a visitar la zona, pero en esta oport unidad con la participacin de los jerarcas competentes. Efectivamente la visita tuvo lugar el d a 4 de febrero del 2005, en dicha reunin estuvieron presentes, el seor Jos Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes, el Ministro de Obras Pblicas y Transportes, seor Randall Quirs Bustamente, el Gerente General del Servicio Nacional de Riego y Aven amiento, seor Sergio Salas, el Intendente Municipal, seor Marcony Su arez, el seor Jos Migu el Zeledn, Director del Departamento de Aguas y otros, as como hab itantes interesados en el asunto. En dicha reunin los denunciantes expusieron en form a amplia sus preocupaciones, en igual sentido el representante de la Sociedad de Usuarios ROGUMECA. Durante la investigacin se constataron los siguientes hechos: 1. Los proyectos de Riego Cerro Plano y Monteverde a ser desarrollados por la Sociedad de Usuarios de Agua ROGUMECA S.A. en Monteverde, son propiedad del Servicio Nacional de Aguas Subterrn eas, Riego y Avenamiento (SENARA), de conformidad con la normativa vi gente y es esa instancia la re sponsable jurdica y tcnica de los mismos. 2.Dichos proyectos cuenta n con la viabilidad ambien tal, as consignado en los oficios SG-1562-2003-SETENA del 09 de octubre del 2003 y SG-1447-2003-SETENA. Para la atencin de este requisito se est uvo a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 25704-MINAE Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA y al Decreto Ejecutivo No. 26228-MINAE, siendo suficiente desde el punto de vista de las normas vigentes en ese momento la presentacin del Formulario de Evaluacin Ambiental Preliminar(FEAP). Para contar con la viabilidad ambiental del proyec to de riego, no se requiere de la presentacin de un estudio de impacto ambiental. 11

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El Plan de Gestin Ambiental y las Declaraciones Juradas de Compromisos Ambientales fueron presentadas por el SENARA como responsable de los proyectos ante la SETENA. Estas ltimas fueron presentadas el 17 y 27 de agosto del 2003, atendiendo lo requerido por las resoluciones 4292003-SETENA del 06 de mayo del 2003 y la 4302003-SETENA de misma fecha. 3.De la documentacin a la que tuvo acceso esta Defens ora y el anlisis de la normativa vigente, no se logr determinar la obligatoriedad de contar con un estudio de impacto ambiental como requisito previo y jurdicamente exigible para el otorgamiento de las concesiones y desarrollo del proyecto de riego como tal, siendo suficiente la presentacin de la declaracin ju rada de compromisos ambientales. 4.La concesin que se ot org en la quebrada "Cuecha" mediante la resolucin R-254-2004-AGUAS-MINAE de la s 10 horas del 08 de se tiembre del 2004 y la concesin que se otorg en la quebrada Mquina por medio de la resolucin No. 3882002-AGUAS-MINAE de las 9 hora s del 27 de octubre del 2002 segn se desprende de la informacin aportada al ex pediente por las instancias pblicas responsables, ambas fueron otorgadas en atencin a los criterios tcnicos que su stentan las condiciones de las mismas, siendo que no existe afectacin al recu rso hdrico de las quebradas que afecten la sostenibilidad del mismo y que ria con otro s usos como el abastecimiento poblacional. 5.De acuerdo a la "Declaracin Jurada de Compromisos Ambientales", al SENARA le asiste una labor de vigilancia y atencin sobre los compromisos adquiridos desde el punto de vista ambiental. 6.Del informe ACAT-D-G MR-007 del 24 de enero del 2005, del rea de Conservacin Arenal Tempisque del Ministerio del Ambiente y Energa, se concluye que han existido actividades de remocin de suelo y obras dentro de la zona de proteccin de la quebrada La Cuecha en la finca propiedad del seor James Green, situacin que genera duda razonable, sobre el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por SENARA ante la SETENA. 7.De los documentos tcnicos aportados al expediente, concretamente el oficio IMN-DA-0160-04 del 13 de enero del 2005, del De partamento de Aguas, existen en la quebrada "Cuecha" aprovechamientos de agua ilegales. 8.De conformidad con el informe DM -175 del 01 de marzo del 2005, del Ministerio de Agricultura y Ganadera, es clar o que el proyecto de riego en cuestin se encuentra amparado en la poltica del citado ente para el desarrollo de la actividad agrcola en la zona de Monteverde, as como en los cr iterios tcnicos del Fideicomiso MAG-PIPA/BANCREDITO para el desarro llo de la actividad mencionada. 9.Durante la investigacin se reflej la falta de coordinacin entre las instituciones competentes en la atencin del caso. Lo anterior de acuerdo con la conclusin primera del oficio ACAT-D-GMR-007 del 24 de enero del 2005, su scrito por 12

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el seor Angel Manuel Guevara Villegas, Gerente de Manejo de Recursos Naturales del Area de Conservacin Tempisque del Ministerio del Ambiente y Energa. CONSIDERANDO PRIMERO: La incidencia del desarrollo sobre los recursos naturales: la importancia de la declaracin de viabilidad ambiental de todo proyecto, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Con la publicacin del Informe de Roma de 1972, bajo el ttulo: "Lmites del Crecimiento" se inici la preocupacin mundial por los efectos ambientales del crecimiento econmico, documento que manifest lo siguiente: "... el crecimiento econmico est necesaria e indefectiblemente limitado por la disponibilidad finita de recursos naturales y servicios ambientales del planeta. Su principal conclusin es que el eventual colapso del sistema econmico slo podra ser evitado por una poltica explcita e inmediata que limitara la poblacin y la polucin, y concluye a un estado de cero crecimiento... 1 La Declaracin de Ro de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de julio de 1992, se constituy en un instrumento de derecho internacional que reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, as como la proclamacin de los seres humanos como el centro de las preocupaciones en materia de desarrollo sostenible, como sujetos con derecho a una vida saludable y productiva en armona con la naturaleza. Con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccin del medio ambiente debe significar un elemento integrante del proceso de desarrollo que no puede considerarse en forma aislada. El hombre ha explotado la naturaleza, no solo para su supervivencia, sino tambin para su desarrollo y comodidad, dialctica entre desarrollo y ambiente que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. No obstante, el punto medio ha sido difcil de encontrar, y ha sido el derecho un instrumento utilizado con el fin de conciliar esta polmica. En Costa Rica, desde hace algunos aos se empieza a enfrentar el deterioro del medio ambiente, situacin que comenz a afectar a diferentes grupos de ciudadanos, crendose conflictos que se han logrado resolver en muchos de los casos con apego al derecho y a las leyes. Es de vital importancia para el caso sub examine tener presente que el ambiente constituye un bien comn, que hace exigible su conservacin tanto para las generaciones presentes y futuras, lo cual conlleva la presencia de mayores dificultades en la lucha por armonizar el accionar del desarrollo econmico del pas con la armona hacia la naturaleza. 1 Figueroa B., Eugenio. Restricciones y Desafos para la sustentabilidad ambiental del crecimiento econmico en Latinoamrica Medio Ambiente en Latinoamrica: Desafos y Propuestas. Editado por Calvo, Figueroa y Vargas, San Jos, Costa Rica, 1997, p. 5 13

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Es una realidad que el crecimiento econmico representa pa ra el pas un desafo y una necesidad, no obstante, ese crecimiento del pa s en alguna medida ha estado concentrado en la explotacin de los recu rsos naturales y hoy por hoy, ex isten casos comprobados de explotaciones no sustentables de algunos recursos y de utiliz acin de otros al lmite de su capacidad, tal es el caso del recurso hdrico en el pas, hecho insistentemente denunciado por la Defensora de los Habitantes, a lo cual deben agregarse ni veles crecientes de contaminacin y generacin de desechos. Situac in que pone en aler ta sobre las reales posibilidades de que el pas vea deteriorada su riqueza natural, poniendo en riesgo la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad de su crecimiento. Dentro de dicho contexto, el desarrollo de nu evas actividades en una de las regiones con mayor riqueza natural de nuestro pas con su caracterstica de "b osque nuboso", como lo es Monteverde, si bien representa una oportunidad de crecimiento, su desarrollo no puede estar al margen de la proteccin de los recurs os naturales existentes en la zona, todo lo contrario, la promocin y puesta en prctica de las actividades productivas debe encontrar su lmite natural en la capacidad del ecosistema para soportar sostenidamente los impactos. En este punto resulta importante ha cer referencia al ec osistema respecto del cual estamos hablando: "Un bosque nuboso como lo es Monteverde se caracter iza por ser un bosque hmedo sin inundaciones. Es un bosque de montaa caracterizado por una humedad aproximada del 100% durante todo el ao. Hay un constante movimiento de nubes por los valles y las copas de los rboles. El bosque obtiene el agua por medio de la evapotranspiracin la acumulac in de vapor de agua en el suelo del bosque y en las plantas areas conocidas como epfitas. El follaje alberga una gran diversidad de epfitas. Algunas, como las "barbas de vi ejo" (el liquen usnea), que cubre ramas y enredaderas, actan como una enorme red que captura la humedad. Los troncos de los rboles estn casi siempre cubiertos de musgos, bromeliceas, helechos y otras plantas. Los bosqu es nubosos intactos desempean un papel extremadamente importante en la hidrologa de ciertas re giones del planeta: capturan, almacenan y filtran el agua que va a parar a las comunidades locales y a grandes ros a cientos de millas de distancia. El bosque nuboso existe gracias a los vien tos alisios, hmedos y tropicales, que soplan del este al oeste desde el mar Caribe. Estos vientos cargados de humedad son forzados a subir las escarpadas laderas de montaas. El aire se enfra conforme gana altitud, y la humedad se condensa en gotas de agua que forman las casi constantes nubes. Uno de los rasgos que caracterizan al bosque nuboso (a diferencia del bosque hmedo) es que en un bosque nuboso la mayor parte de la humedad se obtiene de las nubes (brumas horizontales), y una cantidad mucho menor se recibe en forma de lluvia (precipitaciones verticales). Cientos de plantas han evolucionado para depender de esta humedad continua, y cientos de animales han evolucionado para depender de estas plantas ... Varios estudios a lo largo de los ltimos aos, sobre todo en la rese rva de Monteverde, demuestran que la produccin de nubes se ve afectada directamente por la deforestacin en las zonas ms bajas. Cuando los vientos clidos y secos suben por las laderas camino de los 14

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bosques alpinos, deben alcanzar mayor altura para que se formen las nubes. La reserva Chirrip se extiende por las cumbres de la lnea divisoria continental: si las nubes se forman a mayor altura, se formarn por encima del bosque tropical, no a su altura. Esto privar a las plantas la humedad imprescindible para su supervivencia. Este tema se ha estudiado profusamente en Monteverde y es muy probable que la amenaza sea comn a los bosques nubosos en otras zonas similares. Puesto que los bosques nubosos se encuentran en las montaas, son mucho ms fros que los bosques clidos y hmedos tropicales que conoce la mayora de la gente. Los vientos de la montaa, y el peso aadido de las epfitas cargadas de agua causan a menudo la rotura y cada de ramas. Las ramas que caen provocan pequeas fisuras, permitiendo el crecimiento de plantas que toleran la luz, y permitiendo un mosaico de constante sucesin. La superficie del suelo del bosque nuboso o capa de humus tendr menos fertilizantes, lo que significa que las hojas que caen al suelo no se descomponen lo suficientemente deprisa para dar nutrientes a los rboles... En el bosque nuboso, la lluvia penetra la corteza del suelo con ms facilidad: por tanto, como regla general la altura de los rboles ser menor que en un bosque hmedo. Esto reduce la altitud de las copas del bosque nuboso y aumenta su aspecto nuboso. Hay abundancia de animales, pero el bosque nuboso cuenta con un monte bajo ms tupido, de forma que nosotros, los visitantes, tenemos ms dificultades para observarlos. De hecho, las aves son ms abundantes adems 2 de ms visibles en malezas y bosques secundarios. Por lo tanto, para el desarrollo de las actividades de riego en la zona de Monteverde, como es el caso que nos ocupa, debe existir certeza absoluta en los entes responsables de administrar el recurso y consecuentemente otorgar las autorizaciones de uso, de que no se generarn afectaciones al medio ambiente circundante ms all de los tcnicamente viable para la operacin de las concesiones, garantizando la proteccin del recurso hdrico y de las diferentes especies de flora y fauna; que la poblacin vecina no se ver afectada por problemas de contaminacin ambiental o carencia de agua para consumo humano. 2 Direccin electrnica http://cloudbridge.org/context-es.htm 15

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Con el fin de garantizar lo anterior, la Secretara Tcnica Nacional Ambiental (SETENA), rgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energa, fue creado en 1995 por la Ley Orgnica del Ambiente, con el fin de dirigir el sistema de evaluacin de impacto ambiental, adems de operar como el principal ente evaluador y contralor de los impactos ambientales generados por actividades pr oductivas y obras de infraestructura pblica y privada. Para evitar la contaminacin de los recursos naturales nacionales, as como la afectacin de la riqueza natura l existente, la norma tiva vigente sobre la materia, exige el cumplimiento de una serie de medidas tcnicas y legales, que deben hacerse presentes en todo proyecto. Tal es el caso de la presentacin y aprobaci n del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretara Tcnica Nacional Ambiental del MINAE y la aprobacin de la concesin o permisos respectivos. Expresamente es el ar tculo 61 de la Ley Orgnica del Ambiente, la normativa que seala la posibilidad de la autoridad competente, de dictar las medidas preventivas y correctivas necesarias cua ndo sucedan contingencias por contaminacin ambiental y otras que no estn contempladas en la ley. Al respecto el Decreto Ej ecutivo No. 25705-MINAE, Reglam ento sobre Procedimientos de la SETENA se refiere al "Formulario de Evaluacin Ambiental Preliminar (FEAP) como: Documento de formato preestablecido, que debe ser llenado por el proyectista que permita identificar en forma somera la viabilidad ambiental del proyecto y la necesidad de requerir o no un ESIA y su alcance", as como lo establecido en los artculos 19 y 20 del Decreto Ejecutivo No. 26228-MI NAE, ambos vigentes en ese momento. En el presente caso, el SENAR A dio cumplimiento a la citada normativa. Si bien es cierto uno de los argumentos en c ontra de las concesiones otorgadas ha sido la inexistencia de un estudio de impacto ambien tal que determine la viabilidad ambiental o no del proyecto, de la documentacin a la que tuvo acceso esta Defensora as como las normas vigentes al moment o de las autorizaciones, no resultaba obligatorio contar con un estudio de impacto ambienta l como requisito previo para el otorgamiento de las concesiones y desarrollo del proye cto de riego como tal. Por lo tanto, el otorgamiento de la viabilidad ambiental a travs de la aprobacin del FEAP se puede tener como apropiado. Lo anterior compromete a la admi nistracin para que ejerza sus competencias de evaluacin y verificacin del cumplimiento del FEAP respecto de las obras que se ejecuten a su amparo. Debe llamarse la atencin tanto de la SETENA, del Departamento de Aguas del MINAE y del SENARA, que segn el oficio ACAT-D-GMR-007 del 24 de enero del 2005 del Area de Conservacin Arenal Tempisque existe la verificacin en el campo de impactos ocasionados por las obras ejecutadas al amparo de los trminos de las concesiones, tales como remocin de suelo y obras dentro de la zona de proteccin de la quebrada "Cuecha" y en la finca del seor James Green. 16

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Lo anterior, obliga a las entidades mencionadas a pronunciarse desde el punto de vista tcnico cientfico respecto del grado del impacto advertido en su momento por el Area de Conservacin y si esas afectaciones estn contempladas como que pueden tenerse como normales para la ejecucin del proyecto, o bien si han excedido las acciones en los impactos previstos. Si resultado de ese anlisis devienen posibilidades de efectos adversos a los recursos, debern pronunciarse sobre las medidas sancionatorias oportunas. SEGUNDO: La importancia del tema de planificacin urbana. Tema de obligada referencia para el caso que nos ocupa es la planificacin y el ordenamiento territorial de la zona. En este sentido debemos indicar que en nuestro pas el ordenamiento urbano est integrado en su orden de jerarqua normativa por el artculo 169 de la Constitucin Poltica, as como por un conjunto de normas de rango legal contenidas en la Ley de Planificacin Urbana, reglamentos y decretos cuyo fin es la expansin ordenada de los centros urbanos, la adecuada utilizacin del suelo atendiendo a su vocacin natural -sea sta urbanstica, agrcola, de pastoreo, forestal, industrialy la delimitacin de estos diferentes usos con el fin de posibilitar su coexistencia armoniosa. La planificacin urbana es una atribucin constitucional de las municipalidades e incluso la Sala Constitucional as lo ha sealado expresamente en varias de sus resoluciones 3 en las cuales ha sido clara y enftica en sealar que el control del desarrollo urbano dentro de los lmites de su territorio es competencia de los Gobiernos Locales para lo cual deben elaborarse los respectivos planes reguladores. Ese principio es consecuente con la norma constitucional del artculo 169 antes indicada. 4 Al respecto el voto No. 4205-96, consider: "B. DEL RGANO ENCARGADO DE LA PLANIFICACIN URBANA. XIV. DE LOS RGANOS COMPETENTES PARA LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIN URBANA: MINISTERIO DE PLANIFICACIN NACIONAL Y POLTICA ECONMICA, INVU Y MUNICIPALIDADES. EN CONSONANCIA CON LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIN POLTICA, LA LEY DE PLANIFICACIN URBANA, NMERO 4240, DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, PARTE DEL SUPUESTO DE QUE LA TITULARIDAD PRIMARIA EN MATERIA DE PLANIFICACIN URBANA CORRESPONDE A LAS 3 Sala Constitucional, Votos N 2353-93, 5097-93, 5305-93, 6706-93, 3494-94 y 4205-96 4 Al respecto el artculo 19 de la Ley de Planificacin Urbana establece: "Cada Municipalidad emitir y promulgar las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la proteccin de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad." 17

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MUNICIPALIDADES, LO CUAL HA SIDO PLASMADO EN LOS ARTCULOS 15 Y 19 DE DICHA LEY. DE MANERA QUE ES A LOS MUNICIPIOS A QUIENES CORRESPONDE ASUMIR LA PLANIFICACIN URBANA LOCAL POR MEDIO DE LA PROMULGACIN DE LOS RESPECTIVOS REGLAMENTOS PLANES REGULADORES-, Y HACIENDO EFECTIVA LA NORMATIVA QUE AL EFECTO DICTE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, COMO INSTITUCIN ENCARGADA DE LA PLANIFICACIN URBANA A NIVEL NACIONAL." 5 De all deriva la importancia de que cada municipalidad elabore su plan regulador, pues ninguna otra instancia ms que la local conoce a profundidad las particularidades de su jurisdiccin y las caractersticas de cada rea para delimitar los diferentes usos. Sin embargo, todava existe una cantidad importante de municipalidades que no han procedido con la elaboracin de este instrumento de ordenamiento territorial a pesar de que constituye un mandato legal que se les impuso desde la promulgacin de la Ley de Planificacin Urbana, siendo este el caso de la comunidad de Monteverde. El extenso plazo transcurrido torna inadmisible para las municipalidades continuar pretendiendo justificar la ausencia de este instrumento en el alto costo econmico y en la complejidad que representa su realizacin, sobre todo a la luz de los evidentes perjuicios que produce la ausencia de este instrumento, como en el caso objeto de la presente investigacin. La planificacin urbana debe estar en funcin del respeto a principios y valores constitucionales y de un balance entre naturaleza y desarrollo a travs de la formulacin de planes que establezcan una serie de requisitos y condicionamientos para garantizar el respeto a las caractersticas naturales del suelo y el progreso de la comunidad en armona con la naturaleza. Dentro de los fines del ordenamiento territorial se consideran entonces, entre otros, ubicar en forma ptima dentro del territorio nacional las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso pblico y recreativo, las redes de comunicacin y transporte, las reas silvestres y otras obras vitales de infraestructura para lo cual deber considerarse el efecto de las actividades humanas y los fenmenos naturales sobre el ambiente. Estima esta Defensora que el Estado debe asumir una doble funcin: preventiva y de proteccin, es decir, no slo debe abstenerse de llevar a cabo acciones lesivas sino que debe al mismo tiempo dictar las medidas que garanticen su tutela. Es criterio de la Defensora que el objetivo central del desarrollo es el mejoramiento sostenble de la calidad de vida del ser humano. 6 5 6 Sala Constitucional, Voto No. 4205-96. La Sala Constitucional ha emitido criterio en relacin con estos temas, indicado el Voto N 2003-11397 lo siguiente: 18

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Es notoria la trascendencia del plan regulador no estrictamente desde la perspectiva urbana si no en la incidencia que tiene un crecimiento urbano ordenado y planificado en el goce de derechos fundamentales del individuo y en su calidad de vida, donde estn en juego los derechos a la vida, a la salud, a la integridad fsica y a la proteccin y conservacin de los recursos naturales. Al respecto la Defensora ha venido insistiendo sistemticamente en la importancia de que las municipalidades no posterguen ms la realizacin del plan regulador, como pilar bsico para el desarrollo urbano, pues en las condiciones actuales se pone en riesgo la proteccin y conservacin de la riqueza natural as la garanta a una calidad de vida adecuada para la poblacin. En virtud de la conexin entre el desarrollo urbano planificado y el disfrute de derechos fundamentales, esta Defensora insta y hace un llamado de atencin al Concejo de Distrito de Monteverde que no ha elaborado el plan regulador a efecto de que an considerando su valor econmico y complejidad dispongan su realizacin con base en un cronograma en donde se plasme el compromiso de cumplir con ese mandato legal. El Concejo de Distrito de Monteverde debe abocarse a esta tarea con carcter de prioritario a efecto de delimitar el uso de suelo en la zona, as como las actividades a desarrollarse en la misma, con el objeto de permitir mayor claridad para los habitantes en los procesos productivos y urbansticos a desarrollar, pudiendo evitarse de esta forma conflictos como el analizado durante la presente investigacin y de los desrdenes constructivos que amenazan la zona, tal y como se puede observar con la simple visitacin del lugar. TERCERO: De la proteccin del recurso hdrico. Considerando el agua como un recurso limitado y escaso, as como fundamental para el desarrollo humano y del pas, esta Defensora ha sido enftica en referirse a la deficiente gestin del recurso hdrico; a la inadecuada delimitacin de reas de recarga acufera y proteccin de cuencas y microcuencas; a la necesidad de un manejo integrado de cuencas hidrogrficas; as como de una poltica institucional para la conservacin y aprovechamiento racional del recurso. No se puede ignorar que existe un serio conflicto de coordinacin interinstitucional, generando una incapacidad de respuesta oportuna y en muchos casos asertiva del Estado a los habitantes, as como un incumplimiento grosero de las competencias institucionales en materia de conservacin de las cuencas hidrogrficas. "(...) 4 o Que el rompimiento del anillo de contencin ya mencionado hace ms vulnerables desde el punto de vista ambiental zonas de proteccin no aptas para el desarrollo de proyectos urbansticos al permitir, entre otros, que zonas altas y con fuertes pendientes, donde existe peligro de deslizamientos y otras amenazas naturales pudieran ser urbanizadas intensivamente con los correspondientes riesgos para los asentamientos humanos que all se constituyeran y para la preservacin del recurso hdrico de varios mantos acuferos existentes en esas zonas." 19

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El crecimiento demogrfico, la industrializacin, incluyendo el turismo, el proceso de urbanizacin y el desarrollo agropecuario intensivo crecen rpidamente y con ello la demanda de servicios hdricos provocan presin sobre los recursos naturales que los provee como el bosque. Las dificultades en la aplicacin de una poltica de ordenamiento y aprovechamiento racional del agua se ev idencia tambin ante el aumento de los problemas de degradacin del re curso hdrico; y modificacin en la intensidad de los caudales provocados por la deforestacin. El Estado como responsable de establecer los mecanismos y las acciones institucionales, debe enfrentar retos nacionales como son: la coordinacin institucional para el ordenamiento territorial por cuencas, fo rtalecer los programas de manejo de microcuencas, aplicar el marc o regulatorio, el monitoreo y control para asegurar el cumplimiento de las normas en el tratamient o de aguas residuales, desarrollar programas de ahorro a nivel domiciliar e institucional y avan zar en la internal izacin de costos ambientales por el uso del recurso hdrico. Dicho lo anterior y consideran do la normativa vigente, la Ley No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, Ley de Aguas la cual de fine en su artculo 1 inciso IV los ros y sus afluentes directos o indirecto, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros, son bienes integrantes del dominio pblico, y sobre los cuales no es dable a particulares alegar de rechos de propiedad, a n si estos se hallaren incluidos dentro de fincas privadas. Por lo tanto para otorgar en arrendamiento bi enes de dominio pblico se requiere de una autorizacin, tal y como lo indica el artcul o 17 de la normativa de cita, la cual se caracteriza por provenir de un acto unila teral de la Administracin Pblica, correspondiendo al Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energa, y adems por contar el ocupante con un derech o precario, tal como lo ha establecido la Sala Constitucional en el Voto No. 2306-91: "La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administracin, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construccin de una obra pblica al igual que por razones de seguridad, higiene, esttica, todo ello en la medida que si llega a existir una co ntraposicin de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pblica." Dentro de los lmites que especifica la ley pa ra autorizar un permiso de uso, se encuentra la no-afectacin de las condiciones naturale s de la zona y el no entorpecer el libre aprovechamiento de la zona pblica, es deci r, la zona pblica no puede ser objeto de ocupacin bajo ningn concepto. Nota caracterstica de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los trminos del derecho civil y la accin ad ministrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 20

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dominio. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, concesin es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administracin, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construccin de una obra pblica al igual que por razones de seguridad, higiene, esttica, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposicin de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pblica. Manifestado lo anterior y de acuerdo con la informacin suministrada por las instancias competentes, entre el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energa no ha sido posible constatar afectacin al recurso hdrico de las quebradas Cuecha y Mquina que atentan contra la sostenibilidad del recurso en la zona y otros usos, tales como el abastecimiento poblacional, siendo procedente desde el punto de vista tcnico el otorgamiento de las concesiones. No obstante lo anterior, esta Defensora ha insistido en la necesidad de que las autoridades correspondientes realicen una labor de control sobre cada uno de los permisos otorgados, especialmente en aquellos casos donde existe un riesgo de afectacin al ecosistema involucrado, actuando as de conformidad con el "deber de debido celo". Dentro de este criterio, la doctrina ha introducido el concepto de "monitor de la naturaleza" 7 figura que tiene entre sus obligaciones bsicas las siguientes: 1. Cumplir y velar por el cumplimiento de toda la normativa medioambiental. 2. Cumplir las normas e instrucciones reguladoras del uso de los bienes que integran el patrimonio natural y etnogrfico del pas. 3. Adecuar sus actividades a las directrices marcadas en los Planes Rectores de Uso y Gestin y los Programas de Uso Pblico existentes. 4. Colaborar en el diseo de programas de evaluacin, seguimiento y control. Al igual que en el aparte anterior, en el que se insiste en la obligacin de la SETENA de ser monitor de la naturaleza en lo que toca a los impactos sobre el medio de las concesiones otorgadas, en este aparte es menester llamar la atencin sobre la labor de control que debe ejercer el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energa, sobre los trminos de la concesin otorgada, garantizando siempre el cumplimiento de los mismos y, en caso de constatarse irregularidad alguna valorar la ejecucin de las sanciones correspondientes, tales como la revocatoria de la concesin. En igual sentido le asiste al SENARA una obligacin puntual y oportuna en lo que toca al cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos segn la "Declaracin Jurada" rendida, por ser el ente responsable de las concesiones desde el punto de vista jurdico y tcnico. 7 Junta de Andaluca, Manual de Buenas Prcticas del Monitor de Naturaleza: Espacios Naturales Protegidos de Andaluca. 21

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CUARTO.Sobre el principio de partic ipacin ciudadana y la coordinacin interinstitucional. El "principio de par ticipacin ciudadana" consagrado en la Cumbre Mundial sobre la Tierra, en Ro de Janeiro, Brasil, en 1992, inco rporando dentro de la Declaracin de Ro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el Principio 10, el derecho a la participacin ciudadana, se consigna de la siguiente forma: "PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones am bientales es con la participacin de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deber tener acceso a la inform acin sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades pblicas, incluida la informacin sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, as como la oportunidad de fomentar la sensibilizacin y la part icipacin de la poblacin poniendo la informacin a disposicin de todos. Deber proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos entre estos el resarcimiento de daos y los recursos pertinentes." De ah que la participacin ciudadana expresa no slo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y poltico, fundamentado en los principios de pluralismo, tolerancia, protecci n de los derechos y libertade s, y la gran responsabilidad de los ciudadanos en la defi nicin del destino comn. Contri buyendo a la formacin de ciudadanos capaces de interesars e de manera sostenida en los procesos gubernamentales, construyendo la realizacin de l ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo persona l al cual aspira y tiene derecho. Por lo tanto, se hace fundame ntal que las instituciones es tatales involucradas en el proceso de revisin y otorgamiento de permis os, tomen en consideracin lo manifestado por la comunidad, reconociendo un derecho que ha sido otor gado por nuestro pas con la adopcin de la Declaracin de Ro, y que adems se encuentr a establecido en el artculo 6 de la Ley Orgnica del Ambiente el cual textualmente indica: "Artculo 6.Participacin de los habita ntes. El Estado y las municipalidades, fomentarn la participacin activa y organizad a de los habitantes de la Repblica, en la toma de decisiones y acciones tend ientes a proteger y mejorar el ambiente." Es evidente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y especialmente a la participacin de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario en la Declaracin de Ro, este instrumento lo obliga y condiciona. Siendo su propsito que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusin que no se constria a pequeos ncleos oficiales o de intere ses parcializados, sino que sean tomada s en consideracin otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el de bate ampliado, aunque sin dejar de cumplir los requisitos que es tablece la legislacin vigente. 22

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Incluso la Sala Constitucional ha reconocido en la "cuestin ambiental" una temtica que otorga a los particulares una legitimacin especial, reconociendo a su vez un derecho reaccional. Al respecto se ha determinado lo siguiente: "En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimacin tiende a extenderse y ampliarse en una dimensin tal que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en trminos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de ttulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer segn las reglas del derecho convencional, sino que su actuacin procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el inters difuso, mediante el cual la legitimacin original del interesado legtimo o an del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categora de personas que resultan as igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratndose de la proteccin del ambiente, el inters tpicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporacin al elenco de los derechos de la persona humana, convirtindose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente la violacin originada en actos u omisiones ilegtimos" 8 La participacin de las comunidades y grupos representativos en la evaluacin y utilizacin de los recursos naturales tiende a garantizar su utilizacin sostenble y su mejor distribucin. Para ello, la sociedad debe organizarse y acreditar representaciones que le permitan incorporarse como parte de la discusin, y toma de decisiones que garanticen una evaluacin comprensiva de las oportunidades. 9 Por lo tanto, para que las comunidades interesadas participen adecuadamente es necesario que estn informadas de manera fidedigna y oportuna, y ello independientemente de los otros actores del proceso, compete al Estado. En el presente caso, el proceso de participacin ciudadana se llev a cabo una vez otorgados los permisos respectivos y ante la denuncia de algunos sectores de la comunidad. Es importante hacer ver a las instancias competentes que no se puede imponer a las poblaciones una decisin circunscribiendo el actuar a un simple llenado de requisitos. Siempre debe existir una fase de consulta previa al otorgamiento de todo permiso, donde la comunidad pueda aclarar sus dudas y otras inquietudes con transparencia, actuando as de acuerdo con el principio de transparencia en la administracin pblica. Si esta fase de intermediacin se hubiese dado el conflicto vivido en la comunidad no hubiese tenido las dimensiones que alcanz. Dentro de este apartado es oportuno agregar que, establecida la competencia material del Concejo Distrital de Monteverde en una circunscripcin territorial determinada, queda claro que habr asuntos que por su naturaleza resultan exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales. Por lo tanto es fundamental 8 Sala Constitucional, Voto No. 3705-93. 9 Defensora de los Habitantes de la Repblica, Oficio No. DHR-3662-96, Expediente No. IO 1122-23-96 y 1207-23-96. 23

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definir la forma de coparticip acin de atribuciones que re sulta inevitable, ya que la capacidad pblica de los gobiernos locales, y la del Estado y los dems entes, es nacional, resultando que el territorio municipa l es simultneamente estatal y regional, en la medida que lo exijan las circunstancia s. De ah que las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administr acin Pblica en general, relacin que debe desenvolverse en los trminos del artculo 7 del Cdi go Municipal, que establece la obligacin de "coordinacin" entre las munici palidades y las instituciones pblicas que concurren en el desempeo de sus competen cias, evitando las duplicaciones de esfuerzos tal y como ha sido constatado en el presente caso, violenta ndo el principio de economa procesal. Sobre la materia, la Sala Constitucional dete rmin lo siguiente en el Voto No. 5445-00 de las catorce horas treinta minutos del cat orce de julio de m il novecientos noventa y nueve: "... la municipalidad est llamada a entrar en relaciones de cooperacin con otros entes pblicos, y viceversa, dado el carct er concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto... De manera que la coordinacin es la ordenacin de as relaciones entre diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla til a un plan pblico global, sin suprimir la independencia recproca de los sujetos agentes... As, las relaciones de las municipalidades con los otros entes pblicos, solo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de c oordinacin, con exclusin de cualquier forma imperativa en detrimento de su aut onoma, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinacin sin su voluntad o contra ella; ..." Por lo tanto, se hace evidente que en el presente caso, las autoridades tanto del Ministerio del Ambiente y Energa, del Servicio Naci onal de Riesgo y Avenamiento as como el Concejo de Distrito de Monteverde no se oc uparon en actuar de forma coordinada, en aras de los intereses de la comunidad. Con base en lo anterior y con fundamento en el artculo 14 de la Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artculo 32 del Decreto Ejecutivo Nl/4 22266-J, EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPBLICA, RECOMIENDA: AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGA: A la Secretara Tcnica Nacional Ambiental 1.Verificar en el plazo de cinco das hbiles co ntados a partir del re cibo de la presente, el cumplimiento de las condic iones establecidas en la "Decl aracin Jurada" presentada por el SENARA en su calidad de concesiona rio, valorando para ello el grado de los 24

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impactos ambientales sealados en el in forme ACAT-D-GMR-SCM-06 del 24 de enero del 2005, elaborado por el Area de Conservacin Arenal Te mpisque del Ministerio del Ambiente y Energa. En caso de constatarse incumplimientos a la "Declaracin Jurada" deber recomendar al Departamento de Agua s del MINAE la adopci n de las sanciones administrativas sobre los trminos de la concesin. 2.Garantizar una efectiva coordinacin entre las difere ntes dependencias del Estado competentes en la atencin de asuntos someti dos a su consideracin, en especial en el seguimiento que deber hacerse al presente caso. 3.Tener presente las obligaciones estableci das en la Ley de la Defensora de los Habitantes, No. 7319, la que en sus artculo s 24 y 26 consagra el deber de atender oportunamente los requerimient os de esta institucin y se llama la atencin a esta dependencia de su falta de colaboraci n oportuna en este y en otros casos. Al Departamento de Aguas: 1.En caso de verificarse algn tipo de incumplimiento a las condiciones de las concesiones otorgadas, que se desprenden del informe que deber remitir el SETENA, deber ejecutar las posibl es acciones sancionatorias de forma oportuna. Del cumplimiento de esta recomendacin deber informar a esta Defensora y SENARA como concesionario, dentro del plazo de 15 das. 2.Garantizar la realizaci n de visitas peridicas a efec to de determinar el fiel cumplimiento de las condiciones tcnicas aprobadas en las concesiones de mrito. Informar mediante un cronograma a esta Defensora al respecto. 3.Realizar inspeccin en la zona de Monteverde con el fi n de detectar todas aquellas tomas de agua ilegales, realizando los pro cedimientos correspondien tes para ponerlas a derecho, en caso de ser posible y viable de sde el punto de vista tcnico y jurdico. 4.Garantizar una efectiva co ordinacin entre las diferent es dependencias del Estado competentes en la atencin de asuntos sometidos a su cons ideracin y en especial del caso de mrito. AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO 1.En caso de verificarse al gn tipo de incumplimiento de las condiciones tcnicas en las que se otorgan y operan concesiones o bi en si del estudio que deber realizar la SETENA se constatan posibles incumplimientos ambientales, deber ejecutar las acciones oportunas ante las instancias competentes. 25

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2.Realizar diligentemente la labor control de los proyectos de riego autorizados en el presente caso, atendiendo oportunamente lo s compromisos ambientales asumidos as como las condiciones segn las cuales se otorgaron las concesiones respectivas, informando a esta Defensora de los pormenores de estas acciones. 3.Garantizar una efectiva coordinacin entre las diferent es dependencias del Estado competentes en la atencin de asuntos sometidos a su cons ideracin, en especial del caso que nos ocupa. AL CONCEJO DE DISTRITO DE MONTEVERDE 1. Ejecutar los trmites correspon dientes a efectos de garantizar en un corto plazo la realizacin del Plan Regulador Urbano para la comunidad de Monteverde. Se previene a las entidades citadas que por di sposicin del artculo 14 de la Ley citada, la inobservancia injustific ada de las recomendaciones de la Defensora de los Habitantes puede motivar que se solicite una amonestacin para el fu ncionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, recomiende suspenderlo o despedirlo. Igualmente, se les solicita, que dentro del plazo de quince das hbiles a partir de la notificacin de este informe final, procedan a informar a esta oficina sobre el cumplimiento dado a estas recomendaciones. En relacin con este informe final procede la interposicin de recurso de reconsideracin dentro de los ocho das pos teriores a su notificacin. La tramitacin de este asunto estuvo a cargo de la Licda. Roxana Quirs Cavallini y la Licda. Tatiana Mora Rodrgue z, bajo la supervisin del Lic. Juan Manuel Cordero Gonzlez, Director del Area de Calidad de Vida. Tal Informe de la Defensora de los Habitantes fue objeto de un recurso de Reconsideracin interpuesto por el habitante Danilo Zamora Miranda el da 13 de marzo de 2005. En tal recurso se solic ita reconsiderar la af irmacin dada en dicho informe respecto al hecho de que desde el punto de vista tcnico, la inves tigacin no constat afectacin al recurso hdrico en grado sufici ente que impidiese el otorgami ento de las concesiones. Por otra parte se cuestiona la valoracin que en tal texto se realiza del Decreto Ejecutivo N-MINAE en razn de que esta misma Sala, mediante resolucin 2002-01220, de 06 de febrero de 2002, bajo efectos declarativos y retroactivos, se anulan las disposiciones del Decreto precitado en tal informe. El Despacho del Defensor de los Habitantes someti a revisin lo actuado y considera que lo resuelto en el Inform e Final elaborado por el Area de Calidad de Vida no hubo irregularidad alguna: 26

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En lo que respecta a los decr etos vigentes al momento en que se otorg la viabilidad ambiental debemos aclarar lo siguiente: Los criterios utilizados para el otorgamiento de la viabilidad ambiental para los proyectos de riego en Montev erde, fueron respaldados por lo establecido en el Decreto No. 25705-MINAE del 16 de enero 1997, vigente a ese momento(09 de septiembre del 2003 y 26 de septiembre del 2003). El cual de acuerdo con los artculos 3, 19 y 21 establece la posibilidad de contar, en fo rma somera, con un Formulario de Evaluacin Ambiental Preliminar, as como la necesida d o no de requerir un estudio de impacto ambiental. Todo en ap ego a lo establecido por el artculo 11 de la Constitucin Poltica y el artculo 11 de la Ley General de la Administracin Pblica mismos que consagran el principio de legali dad. De tal forma que la Admini stracin no puede requerir aquello que no est expresamente establecido en la ley. El Voto No. 2002-01220 de febrero 2002 de la Sala Constitucional, si bien es cierto declar la inconstitucionalid ad de los artculos 19 y 20 del Decreto No. 26228-MINAE y del artculo 20 del Decreto No. 25705-MINAE, lo anterior no dej sin efecto las disposiciones anteriormente citadas. Dicho lo anterior, si debe aclararse en la resoluci n del recurso de reconsideracin que en el Informe Final el aborado existi un error formal al consignarse como vigentes los artculos 19 y 20 del Decreto No.26228-MINAE, cuando en realidad lo vigente son los artculos 19 y 21 del Decreto No. 25705-MINAE. Por lo tanto se acoge el Recurso de R econsideracin en cuanto a este apartado. En cuanto a la valoracin del fondo de lo resuelto por el rea de Calidad de Vida resulta oportuno aclarar que cuando dicho Inform e Final hace referencia a que la concesin estuvo legalmente otorgada, debe en tenderse esta aseveracin en el sentido de que existi un cabal cumplimiento de cada uno de los requisitos ambientales que exige la ley, especialmente considerando el otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto. Esta afirmacin debe ser entendida en forma literal y la misma no debe confundirse con el cumplimiento del resto de requisitos no ambientales que es tablece la ley. Tal aclaracin resulta de especial recibo en funcin de la pretensin expuesta en el Recurso de Reconsideracin presenta do ante esta Defensora. No obstante, la presencia en el entorno de este caso de argumentos que sealan la eventual violacin o afectacin de derechos constitucionales de naturaleza medioambiental, o bien de aspectos de legalid ad/ilegalidad en las distintas concesiones o tomas de agua sin amparo jurdico que existen en el escenario de anlisis de este asunto y que bien pueden traducirse en lesiones a bienes jurdicos tutelados por nuestra Constitucin Poltica, han motivado a esta De fensora a incoar el caso ante sede constitucional a efectos de que a este nivel se analice en forma definitiva y vinculante los alegatos de constitucionalidad/inconstitucionalidad conexos a este asunto y que resultan 27

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esenciales para valorar el nivel de permisibilidad jurdica que por parte del Estado costarricense, en este caso concreto el MINAE, debe de darse en relacin con la extraccin o no del recurso hdrico en tales quebradas. La propia Sala, mediante voto 2034-96, voto 2968-97, voto 6073-94, voto 4480-94 y voto 1304-93 ha conformado el marco constitucional idneo para el tratamiento y valoracin de un asunto de esta naturaleza en funcin de las formas y condiciones de tutela que respecto de bienes jurdicos debe de darse por parte del Estado, sus instituciones y actos administrativos que regulan la actividad humana relacionada con el ambiente. La problemtica social y vecinal vinculada al tema de las concesiones de agua en Monteverde est estrechamente ligada a la falta de coordinacin entre las instituciones competentes que debieron atender, en forma transparente y con criterios de buen gobierno, el caso concreto desde sus etapas iniciales. La propia Sala Constitucional, mediante voto No. 5445-00 seala la obligacin de la Administracin de considerar en este tipo de asuntos la participacin ciudadana con el objeto de encausar, bajo una lgica democrtica y de respeto de derechos y libertades, las distintas posiciones contrapuestas que se han esgrimido entre los diversos actores intervinientes. (ver considerando cuarto del Informe Final). III. CONSIDERACIONES GENERALES Se interpone el presente recurso de amparo con base en los principios de transparencia y buen gobierno que debe acatar la Administracin en el manejo de asuntos ambientales. 1. Buen Gobierno "El Buen Gobierno es quizs el nico y ms importante factor en la erradicacin de la pobreza y la promocin del desarrollo" Kofi A. Annan Secretario General de las Naciones Unidas 10 a. Antecedentes En la Declaracin del Milenio, aprobada en el ao 2000 por la Organizacin de Naciones Unidas 11 los pases del mundo fijaron lo que denominaron las tareas fundamentales y se 10 http://www.undp.org/trustfunds/devgovttf.pdf 11 Asamblea General de Naciones Unidas. Declaracin del Milenio Octava Sesin Plenaria. 8 de setiembre del 2000. 28

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comprometieron, entre otras cosas, a crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminacin de la pobreza. Se consider adems que el cumplimiento del objetivo trazado depende "...de la buena gestin de los asuntos pblicos en cada pas". Lo anterior constituy un apoyo determinante a lo que se ha denominado como prcticas de Buen Gobierno, con las cuales se pretende establecer una serie de principios que debe reunir un gobierno con el fin de fortalecer el rgimen democrtico y brindar una proteccin efectiva de los derechos humanos. LA PRIMERA DISTINCIN QUE DEBE REALIZARSE ES LA REFERIDA AL CONCEPTO TRADICIONAL DE "GOBIERNO" Y EL MODERNAMENTE CONCEBIDO COMO "BUEN GOBIERNO". AL REFERIRSE A LA ACCIN DE GOBERNAR, SE DEBE VISUALIZAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y SU EJECUCIN POR PARTE DE QUIENES DETENTAN EL PODER. Ahora bien, la accin de quienes gobiernan est circunscrita a un marco legal existente que sirve como limite para el ejercicio de sus acciones y prerrogativas en procura de la mayor y mejor proteccin de derechos e intereses de los habitantes. En este orden de ideas, el Gobierno debe dirigir sus actividades y tratar de alcanzar plenamente el objetivo propuesto: mejorar en todos los niveles la calidad de vida de los habitantes as como obtener un desarrollo sostenible en armona con el ambiente. Pero, cmo alcanzar esos objetivos? Justamente entra en juego la aplicacin de una serie de principios que permitirn que ms que de Gobierno, se pueda hablar de Buen Gobierno, el cual ha sido definido como "...la transparente y responsable asercin de la autoridad y el uso de los recursos por parte de los gobernantes". 12 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define Buen Gobierno como: "...participacin, transparencia y rendicin de cuentas. Es tambin efectividad y equidad. Es promocin de la legalidad. El Buen Gobierno asegura que las prioridades econmicas, sociales y polticas estn basadas en un amplio consenso social y que las voces de los ms pobres y ms vulnerables son escuchadas en los procesos de toma de decisiones sobre la distribucin de los recursos de desarrollo". 13 De esta forma, se puede indicar que el Buen Gobierno es la forma en que las instituciones del Estado manejan los asuntos pblicos, administran los recursos y garantizan el respeto de los derechos humanos, libre de abusos y corrupcin y con la debida observancia del ordenamiento jurdico. 12 Consejo del Parlamento Europeo. Derechos Humanos, Libro de Referencia Pg. 97. 13 Consejo del Parlamento Europeo. Gobierno y Desarrollo Sostenble. 1997. 29

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Un gobierno que cumple sus tareas de forma transparente, legal y efectiva, definitivamente es respetuoso de los derechos humanos. En este sentido, es posible indicar que las prcticas de Buen Gobierno proveen a la sociedad de un marco para la efectiva y equitativa generacin y distribucin de los recursos, lo cual tiene estrecha relacin y complemento con la labor esencial procurada a travs del respeto de los Derechos Humanos, sea la proteccin de la dignidad inherente a cada ser humano. b. Fundamentos tericos En palabras de la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Buen Gobierno es:" Democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo, transparencia y rendicin de cuentas en todos los sectores de la sociedad, as como una activa participacin de la sociedad civil, son parte esencial para la realizacin del ser humano dentro de un concepto de desarrollo sostenble ". Reconociendo la relacin directa entre el Buen Gobierno y los Derechos Humanos, la Comisin de Derechos Humanos de la ONU emiti la Resolucin 2001/72 del 25 de abril del 2001, denominada "El rol del Buen Gobierno en la promocin de los Derechos Humanos" en la cual, tomando en consideracin los compromisos asumidos en la Declaracin del Milenio, se reconoce que: ... la transparencia, responsabilidad, rendicin de cuentas, participacin y la respuesta a las necesidades y aspiraciones de las personas, es el fundamento en el cual descansa todo buen gobierno y dicho fundamento es un requisito sine qua non para la promocin de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo ". Se establecen as una serie de caractersticas fundamentales que debe reunir un Buen Gobierno a saber: Transparencia: Est referida a la posibilidad efectiva de brindar informacin clara a las personas sobre las acciones del gobierno, las regulaciones existentes, as como las decisiones que se tomen. Una institucin es transparente cuando sus actividades estn abiertas al examen pblico. Entre los elementos que componen la transparencia estn: Procesos de toma de decisiones comprensibles 14 Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolucin No. 1998/72. 30

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Decisiones motivadas Inform acin en la que se basan los motivos accesibles al pblico en la medida de lo posible Acces o a las reuniones en las que los rganos pblicos toman sus decisiones sobre asuntos de repercusin directa para los habitantes. Responsab ilidad: Tanto el sector gobierno como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, deben ser responsables por sus polticas, acciones y uso de fondos. Rendicin de cuentas: Deben existir criterios para medir las actuaciones de los funcionarios pblicos o bien del sector privado o las organizaciones de la sociedad civil, de forma tal que respondan tanto el funcionario como la institucin a la que pertenece por sus acciones. Partic ipacin: Las personas son agentes del desarrollo. La participacin implica que las estructuras gubernamentales sean lo suficientemente flexibles para ofrecer a los diferentes grupos sociales la oportunidad de mejorar el diseo e implementacin de polticas y programas pblicos. Legalidad: Es necesario un marco jurdico que permita la proteccin efectiva de los derechos de las personas, as como su justa y consistente aplicacin. Efectividad y eficiencia: Los procesos de las instituciones deben producir resultados que satisfagan las necesidades de las personas haciendo el mejor uso de los recursos a disposicin. El concepto de eficiencia en el contexto del Buen Gobierno tambin est referido al uso sostenible de los recursos naturales y la proteccin del medio ambiente. Equidad e inclusividad: Todos los miembros de la sociedad tienen el derecho a ser incluidos en el quehacer social. Esto significa que todos los grupos, en especial los ms vulnerables, tengan oportunidad de mantener o mejorar su calidad de vida. Respuesta a las necesidades: La Administracin debe responder eficientemente a las necesidades de la poblacin de forma oportuna y eficiente. Conviene indicar que los anteriores principios tienden a ser soportados y reforzados entre s: La rendicin de cuentas est relacionada con la participacin y la salvaguarda de la legalidad y de la transparencia. De igual forma, la transparencia y la apertura en la informacin no puede asegurarse sin un marco legal que proteja derechos a la luz del ordenamiento jurdico y sin instituciones que estn dispuestas y obligadas a rendir cuentas en relacin con sus actos y conductas institucionales. Todas las anteriores caractersticas de imprescindible incorporacin en el caso de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, permiten avanzar hacia el ejercicio efectivo 31

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del Derecho al Desarrollo, concebido como un derecho humano y definido en los trminos de la Organizacin de Naciones Unidas como: "...un derecho humano inalienable en virtud del cual cada ser humano tiene derecho de participar, contribuir y disfrutar del desarrollo econmico, social y cultural, en el cual todos los derechos humanos y libertades fundamentales pueden ser plenamente respetados". 15 En el mismo sentido, la Declaracin de Viena y el Programa de Accin 16 estableci el Derecho al Desarrollo como "... un derecho universal e inalienable y parte integral de los derechos humanos fundamentales". Como un derecho humano que es, el Derecho al Desarrollo permite su exigencia por parte de los habitantes demandando a los gobiernos la aplicacin de buenas prcticas administrativas, as como transparencia en sus actuaciones, efectividad, participacin y todos los elementos que conforman un Buen Gobierno. Los Principios de Buen Gobierno juegan un papel importante como mecanismos que permiten hacer efectivo el Derecho al Desarrollo; su interaccin permite a una sociedad lograr los objetivos de mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. El establecimiento efectivo de esos principios solo surge a partir de la aplicacin de buenas prcticas administrativas que requieren estar consignadas en leyes especficas o en procedimientos que regulen la actividad ordinaria de la Administracin. En este sentido, es importante citar la experiencia europea con la incorporacin en un instrumento internacional del Derecho a la Buena Administracin. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea, proclamada oficialmente el 7 de diciembre del 2000 en Niza, incluye el artculo 41 denominado "Derecho a la Buena Administracin". 17 Se logra de esta forma llevar a la categora de Derecho Humano -con las implicaciones que ello conllevauna serie de principios legales probablemente existentes en muchos pases pero sin una correlacin que permita establecer que son parte de un concepto ms amplio, tal cual es ahora el Derecho Humano a la Buena Administracin. En ese sentido, el Defensor del Pueblo Europeo expres: "La idea de vocacin de servicio implica, a mi entender, que la administracin existe para servir al ciudadano y no a la inversa. El derecho de los ciudadanos a la buena administracin debe afirmarse 15 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaracin del Derecho al Desarrollo. Adoptada por resolucin 41/128 del 4 de diciembre de 1986. 16 Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena, Austria. Junio 14-25. 1993. 17 El artculo 41 del Captulo Fundamental de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona de que sus asuntos sean manejados de forma imparcial, responsable y dentro de un plazo razonable por parte de las instituciones y los cuerpos de la Unin. Se establece as el derecho a ser escuchado antes de que se tome una decisin, a tener acceso al expediente, as como la obligacin de la Administracin de motivar sus decisiones. 32

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a nivel terico. Luego es necesario poderlo llevar a la prctica mediante actos legislativos que garanticen la buena conducta administrativa". Siendo coherente con lo anterior, el 28 de julio de 1999, el Defensor del Pueblo Europeo propuso el Cdigo de Buena Conducta Administrativa en la forma de un borrador de recomendaciones dirigidas a la Comisin, el Parlamento y el Consejo Europeo, as como a otras instituciones y rganos comunitarios. Este Cdigo fue aprobado por el Parlamento Europeo en resolucin adoptada el 6 de setiembre del 2001 y contiene principios de Buen Gobierno, reglas de buenas prcticas administrativas que se pretende que rijan las relaciones entre el habitante y la Administracin, lo cual est permitiendo mejorar el servicio que brindan las instituciones pblicas europeas a los habitantes. El referido Cdigo desarrolla principios tales como la ausencia de discriminacin, establecida en el artculo 5 del Cdigo y referida a la obligacin del funcionario pblico de garantizar en su accionar el respeto del principio de igualdad de trato. Las personas que se encuentren en una misma situacin sern tratadas de una forma igual. Asimismo, se establecen principios que refuerzan el debido trato al habitante por parte del funcionario pblico. En ese sentido, el artculo 12 seala la obligacin de los funcionarios pblicos de actuar de forma diligente, corts y accesible en sus relaciones con el pblico. El Cdigo tambin incorpora principios procesales que van desde la debida notificacin de las decisiones (Art. 20), hasta el deber de remitir de oficio a la entidad competente, en caso de que una solicitud sea presentada donde no corresponde (Art. 15). De esta forma, el Cdigo permite reforzar una serie de principios que probablemente existan en diferentes normativas pero que en el accionar cotidiano de la Administracin se han visto muchas veces irrespetados en perjuicio del habitante. Esfuerzos como el anterior demuestran el importante papel que est jugando la figura de los Defensores del Pueblo en la promocin de los principios de Buen Gobierno y en la proteccin efectiva del derecho de los habitantes a una Buena Administracin. c. La Defensora de los Habitantes y el Buen Gobierno 18 El Derecho Fundamental a la Buena Administracin. Discurso pronunciado por el Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Sderman. Ciclo de Conferencias: EL PAPEL DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO EN UN MUNDO EN TRANSICIN. Mallorca, 28 de mayo del 2001. 33

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Establecidos los fundamentos te ricos en relacin con el origen y aplicacin de los principios de Buen Gobierno y su relacin directa con la proteccin de los derechos humanos, conviene referirse al papel de la Defe nsora en la promocin y resguardo de los referidos principios. La creacin de la Defensora de los Hab itantes establece, en el marco jurdico institucional costarricense, una garanta para la proteccin de los derechos e intereses de los habitantes y el adecuado funcionamiento del sector pblico con apego a la normativa vigente y a los ms altos princi pios ticos que deben regir el desempeo de la funcin pblica. De esta forma se le encomien da a la Defensora, desde su nacimiento velar porque el sector pblico aplique muchos de esos princi pios incluidos dentro del Buen Gobierno en razn de que los habitantes requieren por parte de la Administracin Pblica transparencia, eficiencia y ca lidad. La fiscalizacin del cump limiento de estos principios ocupan el accionar diario de la Defensora de los Habitantes, combatiendo las situaciones de pasividad o inercia en la actuacin estata l, as como los casos de corrupcin en la funcin pblica. Diariamente acuden a la Defensora personas que sienten que sus derechos estn siendo vulnerados por parte de las instituciones del Estado. Las omisiones de respuesta a gestiones presentadas, la inaccin institu cional, la ineficacia en las actuaciones administrativas, o el maltrato ciudadano, son solo algunas de las muchas quejas que constantemente se reciben. Es ante tal experiencia y tomando en cuenta el deber legal establecido a la institucin de ser el rgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes, as como de velar porque el sector pblico se ajuste a la moral, la justicia y el ordenamiento jurdico en general, que se ha intentado definir parmetros que puedan servir a la Administracin Pblica par a que realice una gestin respetuosa de los derechos de las personas. Es justamente en la definicin de dichos parmetros que los principios de Buen Gobierno han venido a convertirse en im portantes guas y en mecanismos de fortalecimiento de una labor que requiere a diario su revisin y expansin. Las relaciones entre los ciuda danos y la Administracin Pb lica requieren ser revisadas. Los Principios de Buen Gobierno permite n modernamente propiciar una revisin de dichas relaciones a la luz del respeto de los derechos humanos, identificando conductas o procedimientos administrativos que irrespeten el derecho de las personas a un desarrollo con criterios de equidad y participacin. 34

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La Defensora de los Habitantes, en el marco del control de legalidad, se ha dado a la tarea de controlar la gestin administrativa del sector pblico, velando porque dicha gestin vaya encaminada a cumplir con los ms altos principios de Buen Gobierno, tales como la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la justicia, la participacin y la transparencia. El control de la legalidad referido en el artculo 14 de la Ley de la Defensora est ntimamente relacionado con una legalidad entendida en su concepcin ms amplia, abarcadora de principios contenidos y desarrollados en los derechos humanos de obligada proteccin por parte del Estado. En ese sentido, ha resultado conveniente a lo largo de los aos ir definiendo, interpretando y aplicando muchos de los principios incluidos como Principios de Buen Gobierno, de forma tal que con la labor de la Defensora se fortalezca la exigencia efectiva de dichos principios a las autoridades del Estado as como que se logre un efectivo empoderamiento de las personas sobre sus derechos a exigir, por ejemplo una adecuada rendicin de cuentas, as como una buena administracin. Conviene sealar el desarrollo que se hiciera del concepto de moralidad en el ejercicio de la funcin pblica 19 En igual sentido, la Defensora ha considerado que la prevencin de la corrupcin se logra a travs del desarrollo de una cultura de rendicin de cuentas, una participacin activa de los habitantes y las acciones necesarias de educacin y capacitacin. 20 La adopcin de medidas por parte de las instituciones pblicas que sirvan como mecanismos para prevenir no solo la corrupcin, sino el manejo eficiente y equitativo de los recursos transitoriamente depositados en los gobernantes de turno, fue considerado una necesidad imperiosa y as fue denunciado ante la Asamblea Legislativa. La importancia de desarrollar una cultura de rendicin de cuentas ha sido enfatizada por la Defensora como la necesidad de que la sociedad civil asuma como derecho propio la obligacin de exigir cuentas a los rganos y autoridades pblicas sobre los resultados de su gestin y el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes. El tema de la transparencia en la gestin pblica ha sido tambin de conocimiento en la Defensora, establecindola como una prioridad en el quehacer de toda institucin pblica. Se han determinado incluso tres componentes fundamentales de la transparencia: el respeto a la legalidad, la garanta de acceso a la informacin en condiciones de 19 En el Informe de Labores 1997 presentado por la Defensora ante la Asamblea Legislativa se consign: "La moral puede entenderse como el conjunto de principios derivados de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Estado y que establecen las normas de conducta inherentes a los deberes y responsabilidades de quienes ejercen la funcin pblica". pg..13 20 Informe de Labores 1997. Defensora de los Habitantes, pg. 18. 21 Defensora de los Habitantes. Informe Anual 1997-1998. Presentacin. Pgina vi. 35

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igualdad a los habitantes y la sujecin a los mecanismos de control de la administracin. 22 Como bien se indic en el Informe Anual 2001-2002, "...Los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad son de obligatoria observancia por parte de la Administracin Pblica en todas sus actuaciones, mxime en lo referente a la utilizacin de recursos pblicos en relacin con los cuales su administracin debe ser consecuente con la transparencia en el ejercicio de la funcin, de modo que sea un uso razonable y proporcionado a los fines de la colectividad. Los recursos con que cuentan las instituciones del Estado son de todos los habitantes. Por lo tanto, la Administracin se constituye en un simple administrador de dichos bienes y debe responder ante toda la poblacin por el manejo que de ellos haga. 23 En el campo del ejercicio de la funcin pblica, los conceptos de moralidad, legalidad, transparencia y rendicin de cuentas son complementados y conjugados para establecer parmetros de control de la actividad de la Administracin. Este esfuerzo que ha venido realizando la Defensora por teorizar sobre conceptos de Buen Gobierno se ha cristalizado en la referencia directa en diferentes resoluciones del Derecho a una Buena Administracin como Derecho Humano 24 Desde el punto de vista de la Defensora de los Habitantes, Buena Administracin significa adoptar las medidas que sirvan como mecanismos para prevenir no slo la corrupcin, sino que permitan el manejo eficiente y equitativo de los recursos transitoriamente depositados en los gobernantes de turno. Una de las prcticas ms comunes por parte de la Administracin, y denunciada ante la Defensora en reiteradas oportunidades, es la omisin de respuesta a las solicitudes de informacin o denuncias presentadas por los habitantes. Casos donde un habitante indica que pese a haber denunciado ante las instancias correspondientes una actividad ilegal, un ano despus no ha sido atendida su denuncia 25 han permitido a la Defensora analizar dicha actuacin como contraria a los Principios de Buen Gobierno, especficamente el Principio de Eficiencia en la labor de la Administracin. De esta forma, una gestin administrativa deficiente justificada en trmites administrativos internos ha impedido atender en tiempo la solicitud formulada por un habitante, irrespetando el artculo 27 constitucional que establece el Derecho de Peticin y Pronta Respuesta. La Defensora de los Habitantes toma la vanguardia y hace suyo el Derecho a una Buena Administracin como Derecho Humano, incorporndolo en sus resoluciones y entendido como el Derecho que tiene todo habitante a una administracin local o nacional que 22 Informe Anual 1998-1999. Defensora de los Habitantes. Presentacin 23 Informe de Labores 2001-2002. Defensora de los Habitantes, pg.169. 24 Ver Expedientes 13460-24-2002, 13601-24-2002. 25 Exp. 13203-24-2002. 36

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cumpla cabalmente los fines encomendados y satisfaga las necesidades de la poblacin de la manera ms eficiente. El Buen Gobierno, como proceso mediante el cual las instituciones pblicas conducen los asuntos pblicos, manejan los recursos y garantizan la efectiva proteccin y desarrollo de los derechos humanos, requiere ser desarrollado en cada uno de sus principios con el fin de que se logre su efectiva exigibilidad. La incorporacin del Derecho a una Buena Administracin en las resoluciones de la Defensora pretende evidenciar la necesidad de revisar qu tipo de administracin se est propiciando y fortalecer el derecho de los habitantes a que por medio de una Administracin que cumpla parmetros de transparencia, legalidad, rendicin de cuentas, equidad, inclusividad, responsabilidad, se logre una participacin activa y genuina en un desarrollo social respetuoso de los derechos humanos. Pese a los esfuerzos que se han hecho al respecto, la Defensora contina recibiendo denuncias por malas prcticas administrativas que parecen obedecer a una negligencia que violenta los derechos de los administrados. En ese sentido, se han conocido denuncias que evidencian 27 errores administrativos y malas prcticas por parte de la Administracin que hacen imperioso revisar los procedimientos administrativos institucionales con el fin de lograr soluciones ms efectivas y prontas a las problemas planteados por las y los habitantes, as como la adopcin de medidas correctivas que eviten que los casos de mal gobierno no se repitan. La falta de transparencia en la gestin administrativa contina siendo denunciada y en muchos casos se requiere la intervencin de la Defensora para que los habitantes puedan hacer efectivo su derecho a la informacin. 28 Es claro que en este asunto, la transparencia en el manejo de la informacin desde el inicio puede evitar muchos de los errores reportados. 29 Especial atencin requiere en el fortalecimiento de la transparencia los procesos tendientes a que la sociedad civil pueda ejercer un mayor control de los recursos pblicos. En ese sentido, la Defensora ha promovido la capacitacin de comunidades en materia de presupuestos pblicos con el fin de que puedan llevar a la prctica la defensa de sus derechos e intereses, lo cual es una tarea a la cual le falta mucho por hacer a juzgar por el supervit de las instituciones ac recurridas y que logran tal situacin a partir de la desatencin de sus deberes constitucionales y legales. 26 Exp. NO. 13673-24-2002 27 Exp. 12959-24-2002 28 Exp. No 12814-24-02 29 Exp. 12911-24-2002 37

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Es sobre la base del conocimiento de presupuesto como instrumento financiero y de planificacin que se puede llevar a cabo un verdadero proceso de vigilancia de las erogaciones del Estado. Asimismo, en el caso de las malas prcticas administrativas, stas pueden degenerar en actos de corrupcin que merezcan la intervencin efectiva de los Tribunales 31 o promover la realizacin de conductas no ticas que amparen la corrupcin en perjuicio directo al habitante. Los principios de Buen Gobierno, el Derecho Humano a la Buena Administracin, as como las buenas prcticas administrativas, permiten fortalecer la labor que ha venido realizando la Defensora de los Habitantes en la proteccin de los derechos e intereses de los habitantes. Solo a travs del control de la actividad de la Administracin se podr lograr una lucha efectiva contra la corrupcin y un fortalecimiento real de la transparencia en la gestin administrativa, de forma tal que los recursos pblicos permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Tal y como en su momento lo consign la Defensora, la eficiencia de la institucin debe caracterizarse por la capacidad de reconocer el momento histrico y responder a sus exigencias 32 La sociedad costarricense reclama transparencia, eficiencia y exige ser incluida en el desarrollo y participar activamente en l. La Defensora hace suyas esas demandas y se compromete, como hasta ahora lo ha hecho, a velar por su satisfaccin efectiva, por tanto la interposicin del presente recurso de amparo pretende defender tal posicin en la medida en que el supervit logrado por las instituciones ac recurridas se logra lesionando y vulnerando, a travs de la omisin e incumplimiento de deberes institucionales, de tales derechos e intereses de los habitantes. El compromiso con la aplicacin efectiva de los Principios de Buen Gobierno es asumido plenamente por la Defensora de los Habitantes. La institucin, como protectora de los derechos e intereses de los habitantes asume la obligacin de velar por hacer efectivo y exigible el derecho humano a la Buena Administracin. En esta labor de supervisin y control de la administracin, la Defensora de los Habitantes ha podido determinar, gracias a la investigacin aportada por el peridico La Nacin, elementos que los ciudadanos reclaman al sentir que sus derechos no son reconocidos en mbitos relacionados con la defensa de la institucionalidad, la ausencia de 30 "Un gobierno popular, sin informacin popular, o los medios para adquirirla, es un prlogo a una farsa o una tragedia o quizs ambas. El conocimiento gobernar siempre sobre la ignorancia. Y las personas que quieren ser sus propios gobernantes deben armarse con el poder que da el conocimiento". Madison, James. Informe Global de la Corrupcin. 2003. 31 Exp. 10667-24-2001. Ver anlisis del caso en el apartado sobre la Direccin Control de Gestin Administrativa, Captulo III. Informe de Labores de Defensa. 32 Informe Anual de la Defensora de los Habitantes, 2000, pg. 23. 38

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planificacin en los servicios pblicos y ges tin de servicios pblicos estratgicos de la funcin pblica. Los principios del Buen Gobierno, la Buena Administracin y el respeto de los derechos humanos constituyen para la Defensora de los Habitantes un punto de partida al cual debe circunscribirse el actuar de la Administracin Pblica. Lo cual incumplen las instituciones recurridas generndose un dficit de insatisfa ccin a partir del hecho cierto de que existiendo recursos pblicos para atender las necesidades sociales de la poblacin, esta atencin no se brinda por meros fo rmulismos de tinto burocrtico. As pues, convencidos de que no es posible eludir el cumplimiento de dichos principios en el ejercicio de lo pblico y en virtud de lo establecido por el artculo 15 de la Ley de la Defensora de los Habitantes, Ley No. 73 19 del 17 de noviembre de 1992, presentamos formalmente ante este alto trib unal constitucional el presente recurso de amparo a efectos de que el mximo rgano de justicia constitucional de nuestro pas de cuenta de la gestin llevada a cabo por estas entidades pblicas de cara a su misin institucional como garantes de respeto y ejercicio de los derechos de los y las habitantes de la Repblica en materia ambiental a efectos de que los lmites establecidos por nuestro bloque constitucional sean fielmente respetados tanto por las instituciones pbli cas encargadas de ta l misin, como por los propios habitantes vecinos del lugar. "Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propsitos, de anhelos de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos (...) Roma era un proyecto de organizacin universal; era una tradicin jurdica superior. El da que Roma dej de ser este proyecto de cosas por hacer maana, el Imperio se desarticul". Ortega y Gasset "Espaa Invertebrada" 39

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Seria importante empezar a prevenir antes que intentar curar, exigiendo que los actos de gobierno tengan, como lo exige nuestra Constituci n, su razn de ser en lo justo. Por ello nuestro orden constitucional ga rantiza a los y las habitantes control sobre tales actos a efectos de identificar y divulgar desviaciones en el ejercicio de la autoridad que deben retrotraerse a la legalidad y a la constituciona lidad. O bien, reconocer el pleno disfrute de derechos obtenidos a partir y en funcin del Estado de Derecho. IV. ASPECTOS CONSTITUCIONALES: Frente al Derecho in terno costarricense: "LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPBLICA ES EL RGA NO ENCARGADO DE PROTEGER LOS DERECHOS Y LOS INTERE SES DE LOS HABITANTES. ESTE RGANO VELAR PORQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PBLICO SE AJUSTE A LA MORAL, LA JUSTICIA LA CONSTITUCIN POLTICA, LAS LEYES, LOS CONVENIOS, LOS TRATADOS, LOS PACTOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. ADEMS, DEBER PROPORCIONAR Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES." En desarrollo de tales prerrogativas y misiones, recurrimos ante esta Sala a efectos de dilucidar los imperativos constitucionales a los que debe de ajustarse los hechos descritos y analizados en el Informe de la Defensora. V. PRUEBA 40

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Informe Final DHR, Expedi ente 18024-23-2004-QJ. Recurso de Reconsideracin. Proyecto de Ley, elaborado por la Defensora de los Habitantes y contenido en el expediente legislativo: 14.757. VI. PETITORIA Que el presente Recurso de Amparo sea re suelto con lugar por los seores y seoras Magistradas con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho debidamente expuestas. Que la declaratoria a lugar del recurso implique lo siguiente: 1. MEDIDA CAUTELAR: Con base en lo sealado por el Informe de la Defensora de los Habitantes, las autoridades recurridas confeccionen un Informe de Rendicin de Cuentas que s ea presentado ante la Comunidad a travs de una audiencia pblica convocada para tales efectos. 2. QUE EL MINISTERIO DEL AMBIEN TE Y ENERGIA, a travs de la Secretara Tcnica Nacional Ambient al, verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en la "Dec laracin Jurada" presentada por el SENARA en su calidad de concesionario valorando para ello el grado de los impactos ambientales sealados en el informe ACAT-D-GMR-SCM-06 del 24 de enero del 2005, elaborado por el rea de Conservacin Arenal Tempisque del Ministerio del Ambiente y Energa. En caso de 41

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constatarse incumplimientos a la "Declaracin Jurada" deber recomendar al Departamento de Aguas del MINAE la adopcin de las sanciones administrativas sobr e los trminos de la concesin. 3. QUE EL MINISTERIO DE AMBI ENTE Y ENERGA, a travs de la Secretara Tcnica Na cional Ambiental garantice una efectiva coordinacin entre las diferentes de pendencias del Est ado competentes en la atencin de asuntos sometidos a su consideracin, en especial en el seguimiento que deber hacerse al presente caso. 4. QUE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGA gire directrices a la Secretara Tcnica Naci onal Ambiental para que con base en la Ley de la Defensora de los Habitantes, No. 7319, atienda oportuna y prontamente los requerimientos qu e desde la Defensora se le cursan, con base en el Principio de Legalidad que debe acatar dicha Secretara. 5. Que el Departamento de Aguas, en caso de verifica rse algn tipo de incumplimiento a las condiciones de la s concesiones otor gadas, que se desprenden del informe que deber remi tir el SETENA, deber ejecutar las posibles acciones sancionatorias de forma oportuna. En cumplimiento 42

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de apartado del recurso, debe informar sobre cualquier incumplimiento de tales condiciones a esta Defensora as como al SENARA. 6. QUE EL DEPARTAMENTO DE AGUAS, garantice la realizacin de visitas peridicas a efecto de determinar el fiel cumplimiento de las condiciones tcnicas aprobadas en las concesiones de mri to. Adjuntando al expediente consti tucional de esta asun to un cronograma al respecto.(MEDIDA CAUTELAR). 7. QUE EL DEPARTAMENTO DE AGUAS, realice una inspeccin en la zona de Monteverde con el fin de de tectar todas aquellas tomas de agua ilegales, indicand o en su Informe si las mismas han comenzado o no a ponerse a derecho, y si tal procedimi ento resulta viable desde el punto de vista tcnico y jurdico (MEDIDA CAUTELAR). 8. QUE EL DEPARTAMENT O DE AGUAS, ga rantice una efectiva coordinacin entre las diferentes dependencias del Est ado competentes en este asunto llevando a cabo una reunin interinstitucional y actividades de seguimiento en relacin al caso de mrito. 9. QUE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO verifique la existencia de cualquier incumplimiento de las condiciones tcnicas en las que se ot organ y operan conces iones y en el caso de incumplimientos ambientales. 43

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10. QUE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, realice diligentemente la labor control de los proyectos de riego autorizados en el presente caso, atendiendo oportunamente los compromisos ambientales asumidos as como las condiciones segn las cuales se otorgaron las concesiones respectivas. Informando a esta Sala los resultados de tal control implementado. 11. QUE EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, garantice una efectiva coordinacin entre las diferentes dependencias del Estado competentes en la atencin de asuntos sometidos a su consideraci n, en especial del caso que nos ocupa. 12. QUE EL CONCEJO DE DISTRITO DE MONTEVERDE. Ejecute a la mayor brevedad, los trmites correspond ientes a efectos de garantizar en un corto plazo la realizacin del Plan Regulador Urbano para la comunidad de Monteverde. 13. QUE LA MUNICIPA LIDAD DE PUNTARENAS, en apego a sus atribuciones, facilite al Consejo de Distrito de Monteverde los recursos y el apoyo tcnico necesario para la realizacin del Plan Regulador urbano en la comunidad de Monteverde. 14. Sin especial condenatoria en costas. 44

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NOTIFICACIONES: Se atendern en la sede de la Defensora de lo s Habitantes de la Repblica, sita 450 metros norte de la Torre Merced es Benz, en el fax N 248-23-71 Lic. Jos Manuel Echandi Meza Defensor de los Habitantes. 44