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Educational policy analysis archives

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Title:
Educational policy analysis archives
Physical Description:
Serial
Language:
Spanish
Creator:
Arizona State University
University of South Florida
Publisher:
Arizona State University
University of South Florida.
Place of Publication:
Tempe, Ariz
Tampa, Fla
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Education -- Research -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )

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Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
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All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
usfldc doi - E11-00219
usfldc handle - e11.219
System ID:
SFS0024511:00219


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Educational policy analysis archives.
n Vol. 9, no. 22 (June 12, 2001).
260
Tempe, Ariz. :
b Arizona State University ;
Tampa, Fla. :
University of South Florida.
c June 12, 2001
505
Poltica universitaria argentina de los 90 : los alcances del concepto de autonoma / Adriana Chiroleu, Osvaldo Iazzetta, Claudia Voras, [and] Claudio Daz.
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1 of 18 Education Policy Analysis Archives Volume 9 Number 22junio 12, 2001ISSN 1068-2341 A peer-reviewed scholarly electronic journal Editor: Gene V Glass, College of Education Arizona State University Associate Editor for Spanish Language Roberto Rodrguez Gmez Universidad Nacional Autnoma de Mxico Copyright 2001, the EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES. Permission is hereby granted to copy any article if EPAA is credited and copies are not sold. Articles appearing in EPAA are abstracted in the Current Index to Journals in Education by the ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation and are permanently archived in Resources in Education La poltica universitaria argentina de los 90: Los alcances del concepto de autonoma Adriana Chiroleu Osvaldo Iazzetta Claudia Voras Claudio Daz National University of Rosario (Argentina)ResumenAunque la autonoma universitaria fue aparentemente preservada durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en la prc tica, experiment cambios sustanciales, pergendose desde el Poder E jecutivo, dispositivos de “intrusin” que limitaron sus alcan ces. De todas formas estas modalidades de intervencin estatal asumieron un carcter menos explcito que en el pasado, y se asocian al estable cimiento de un rgimen de premios y castigos que supedita el financiamient o de las universidades a sus "rendimientos" evaluados segn los parmetros definidos por los organismos multilaterales de crd ito. En el presente trabajo abordaremos el modo en que esta tensin se manifest bajo el gobierno de Menem, contrastando los alcances atribu idos a la idea de

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2 of 18autonoma por el gobierno y las instituciones pbli cas adoptando como punto focal, la postura asumida por la Universidad Nacional de Rosario. (Nota 1)Abstract Although university autonomy was apparently protect ed during Carlos Menem's government (1989-1999), actually it was gra dually undergoing substantial changes. “Intrusive” devices had been p repared by the executive power, thus causing the restriction of it s objectives. This kind of state participation was less explicit than in th e past, being now associated with the establishment of a system of "p unishment and reward," in which financing is subordinated to “per formance," evaluated according to the parameters of multilateral credit organizations In this work, we analyse the way in which this conflict too k place under Menem's government, contrasting the meanings given to the idea of autonomy by the government and by the public instit ution; attentin focuses on the case of the National University of R osario. IntroduccinSi bien la universidad argentina conoci etapas de fuerte cercenamiento de su autonoma (especialmente desde que a partir de 1930 se sucede n diferentes gobiernos militares) en un rgimen democrtico como el vigente, no parecen viables formas explcitas de intervencin que no resulten finalmente asociables con aqullos. Aunque no debe computarse como un mrito –pues resulta esperable e n un rgimen democrtico no abusar de herramientas discrecionalestampoco resu lta indistinto sealar que, en abierto contraste con los perodos autoritarios, las interv enciones a las universidades no han sido ms que expresiones aisladas durante la etapa democ rtica abierta en 1983. Frente al temor de quedar identificados con el pasa do autoritario, los gobiernos de la etapa democrtica han asignado especial cuidado al respeto de la autonoma universitaria. En el caso del gobierno del radicali smo conducido por Ral Alfonsn (19831989), ese respeto estaba adems fundado en la adhesin al ideario reformista que introdujo el principio de autonoma en 1918, ba jo otro gobierno radical, el de Hiplito Yrigoyen.Durante la dcada siguiente, representada en los do s gobiernos del justicialista Carlos Menem (1989-1999), si bien el concepto de autonoma es aparentemente preservado, en la prctica, fue experimentando cambios sustanciale s, pergendose desde el Poder Ejecutivo, dispositivos de “intrusin” que limitaro n sus alcances. De todas formas estas modalidades de intervencin e statal asumieron un carcter menos explcito y se asocian al establecimiento de un rg imen de premios y castigos que supedita el financiamiento de las universidades a s us "rendimientos" evaluados segn los parmetros definidos por los organismos multilatera les de crdito. De manera que las "condicionalidades" que caracterizan a la poltica de asistencia crediticia de dichos organismos encuentra en el estado una correa de tra nsmisin que luego es trasladada a las universidades, va financiamiento. (Nota 2)

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3 of 18Existe por tanto, un sistema de "doble condicionali dad" que somete a las universidades: los organismos multilaterales de crdito sujetan la renovacin del financiamiento al Ministerio a la marcha de sus reformas y ste a su vez, condiciona su apoyo a las universidades en funcin de los "ajustes" que reali cen internamente en sintona con las exigencias de los primeros. Dichos ajustes invocan una supuesta “racionalidad t cnica” que, sorteando la “espuria interferencia de la poltica”, permite al Ministeri o operar cambios sin intervenir universidades, disponiendo de una efectiva capacida d de modelar su vida interna al canjear reformas por financiamiento.Aunque, por las razones expuestas inicialmente, nin gn gobierno democrtico se atreva a desafiar o a cuestionar la legitimidad de la idea de autonoma, ello no ha impedido, en la prctica, la redefinicin de sus alcances. Este escenario es por cierto complejo y hasta cierto punto hbrido, pues en el nivel declamativo el gobierno nacional se muestra respetuoso de una autonoma que luego es contrariad a por los lineamientos de la poltica universitaria implementada.En el presente trabajo abordaremos el modo en que e sta tensin se manifiest bajo el gobierno de Carlos Menem, tomando como caso focal l a respuesta que esta redefinicin de la autonoma asumi en la Universidad Nacional d e Rosario (U.N.R.). Nuestra hiptesis de trabajo sugiere que el concept o de autonoma asumido por el gobierno nacional y las universidades bajo su juris diccin fue distancindose gradualmente, de tal suerte que el primero le asign un carcter restringido reducindolo a autonoma acadmica e institucional, en tanto las segundas persisten otorgndole -al menos en el plano discursivoun al cance ms abarcativo e incluyente que entra en tensin con la primera.Se trata de un tema que slo ha merecido hasta el m omento, anlisis unidimensionales; en este sentido, la propuesta se basa en la adopci n de una perspectiva interdisciplinaria que permita la produccin de nuevo conocimiento sob re el funcionamiento del cogobierno en una universidad pblica. (Nota 3) La poltica universitaria del gobierno de Carlos Me nem A mediados de 1989 se inicia en Argentina el primer gobierno de Carlos Menem en un contexto de descontrol de las variables macroeconm icas que estrechaba el grado de libertad para elegir rumbos a la par que aumentaba su espacio poltico y su legitimidad para introducir cambios sensibles en las polticas pblicas. (Nota 4) Se registraba entonces un enorme desequilibrio fisc al, masiva fuga de capitales y rpida desmonetizacin. La opcin por introducir reformas estructurales en el funcionamiento de la economa y el estado fue pues, impuesta bajo un contexto de "crisis galopante" dominado por la urgencia hiperinflacionaria. Esta, al poner en cuestin la continuidad misma del estado y la capacidad de gobierno, tuvo u n efecto altamente "persuasivo" sobre el nuevo gobierno.La reforma del estado y administrativa formaban ade ms parte de condicionalidades

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4 of 18-explcitas o nopara la concesin de prstamos po r parte de los organismos de financiamiento internacional (Fondo Monetario Inter nacional y Banco Mundial), y al representar una seal de adhesin al Consenso de Washington aumentaba su credibilidad y posibilidades de acceso a nuevos cr ditos e inversiones extranjeras. Por su parte, el estilo poltico del gobierno de Me nem muestra tempranamente ciertos rasgos autoritarios, observables especialmente en l a absorcin de recursos de gobierno a expensas de otros poderes; la autonomizacin del Po der Ejecutivo, el abuso en el dictado de "decretos de necesidad y urgencia" y la subalternizacin de la Justicia y el Congreso Nacional.Sin embargo, el gobierno logra paulatinamente reuni r una considerable capacidad de gobierno -liderazgo poltico, mayora parlamentaria disciplinamiento del partido gobernante, sindicatos desmovilizados y una oposici n desarticulada e inhabilitadamostrando como contrafaz una inquietante desinstitu cionalizacin del rgimen democrtico que se expresa en un debilitamiento de la accountability y en la "politizacin del estado" que termina confundindos e con el partido gobernante. En el mbito universitario, en 1989, la mayora de las instituciones nacionales era conducida por expresiones polticas ligadas al prin cipal partido opositor, el radicalismo. La mutua desconfianza existente entre el gobierno n acional y las universidades signa desde un comienzo las relaciones entre ambos, inaug urndose as un perodo marcado por tensiones y enfrentamientos. Los nuevos rumbos de la poltica universitaria delineados bajo esta gestin buscaron legitimarse i nvocando el sentido de "urgencia" creado por el contexto de crisis econmica dentro d el que asumi. En efecto, el gobierno se apoy en un diagnstico que entenda a los probl emas coyunturales como parte de una crisis estructural ms amplia que, dada su profundi dad, demandaba reformas de fondo que implicaban una redefinicin del vnculo estadosociedad. Sin embargo, en el plano universitario el gobierno no defini en los comienz os de su gestin, ejes organizadores que lograran traducirse en una poltica explcita p ara el sector. Desde los primeros discursos oficiales se aprecia, en cambio, cierta desconfianza hacia la institucin, y hacia las formas en que desenvuel ve sus funciones, enfatizando sus dficits, especialmente en lo que atae a su escasa insercin en el medio social. (Nota 5) Entre los objetivos manifiestos de la gestin figur a la jerarquizacin de la temtica universitaria y su tratamiento como cuestin de est ado, la bsqueda de transparencia en el funcionamiento del sistema, y sobre todo la apli cacin de criterios objetivos y racionales. (Nota 6) Para cumplir con el primer objetivo, se crea la Sec retara de Polticas Universitarias (1993), en reemplazo de la Direccin Nacional de As untos Universitarios. La misma asume como funciones, definir los lineamientos de p olticas y estrategias referidas a la enseanza universitaria, supervisar el cumplimiento de la legislacin vigente, disear polticas para el anlisis, y la evaluacin y segui miento del sistema educativo universitario.Sin embargo, una lectura integral de la gestin, pe rmite apreciar que la temtica universitaria qued gradualmente comprendida dentro de la poltica general de reduccin del gasto pblico, convirtiendo a la educacin supe rior en un captulo ms de un proyecto global de achicamiento del estado. Desde e sta lectura que privilegiaba la “razn

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5 of 18fiscal de estado”, la universidad pas a ser conceb ida primordialmente como un gasto, persiguindose la disminucin de su monto segn los lineamientos generales establecidos por el Banco Mundial. (Nota 7) En el Informe elaborado sobre Argentina en 1988, es te organismo multilateral defina como zonas crticas de la universidad, la enorme ex pansin de su matrcula, el ingreso directo, la gratuidad de la enseanza y el uso inef iciente de sus recursos. Estas mismas cuestiones, sern abordadas e invocadas como crucia les en el transcurso de la dcada menemista, siendo luego recogidas por la Ley de Edu cacin Superior de 1995. La incidencia y predicamento del Banco Mundial en l a esfera oficial se torna evidente cuando en 1991 se formaliza un acuerdo entre el Con sejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Ministerio de Educacin, destinado a des arrollar el Subproyecto 06 de Fortalecimiento de la Gestin y Coordinacin Univer sitaria que, con financiamiento de aquel organismo de crdito, procuraba elaborar un m odelo de evaluacin aplicable a todo el sistema universitario argentino. (Nota 8) De todas maneras, una vez asumidos estos lineamient os estratgicos, el gobierno va graduando el timing para su implementacin, de acuerdo al espacio pol tico disponible y a su fortaleza para instrumentarlos. Es as como pu eden reconocerse dos etapas diferentes: una, hasta 1991, y otra, a partir de es e ao, cuyos hitos salientes son: la creacin de la Secretara de Polticas Universitari as en 1993 y la sancin de la Ley de Educacin Superior en 1995. En estas dos etapas se pasa del enfrentamiento abierto entre las universidades pblicas y el gobierno, a l a imposicin de formas de intervencin indirecta, mecanismos “indicativos” del modelo de d esarrollo institucional que privilegiara el gobierno nacional.El pasaje entre las dos etapas coincide aproximadam ente con el ingreso al Ministerio de Educacin de Juan Carlos Del Bello, cuyo traslado d esde el rea de Economa (an en manos de Domingo Cavallo) expresa la introduccin d e una lgica tecnocrtica equiparable a la que se instal en la cartera econ mica con el desembarco de la Fundacin Mediterrnea. Su transferencia debe ser l eda por lo tanto, como parte de un intento por conformar una red que, bajo la coordina cin de Economa, integrara a otros ministerios dentro de aquella lgica.La racionalidad tecnocrtica sin embargo, acta a m enudo como un dispositivo de legitimacin que mantiene afinidades inesperadas co n prcticas clientelsticas y particularistas. (Nota 9) Es as como, en un marco de estrechez econmica en el que se estudia la implementacin de formas alternativas de financiacin que alivien la presin de las universidades sobre el estado, se crearon si n embargo nuevas instituciones pblicas. Estas creaciones respondieron a presiones polticas del partido oficialista (Nota 10) y se efectuaron al margen de la normativa exist ente que establece la intervencin directa del Consejo Interuniversitario Nacional (CI N). (Nota 11) Se autoriz adems el funcionamiento de nuevas univ ersidades privadas, lo cual no ocurra desde 1974. En este caso las mismas surgen a pesar de la oposicin directa en algunos casos del Consejo de Rectores de Universida des Privadas y en otros, debido a la falta de participacin de este cuerpo en las decisi ones adoptadas. (Nota 12) Por otra parte, la eficiencia que se reclama a las instituciones, est en buena medida

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6 of 18relacionada con la entronizacin de la idea de merc ado en ciertas reas centrales de la poltica estatal. Aplicada a las distintas reas de gobierno, su significado parece asociarse en este caso a una extrapolacin de los m ismos criterios cuantitativos, esta vez aplicados al aumento del rendimiento de las institu ciones, utilizacin a full de las instalaciones y personal, mejoramiento de la calida d, etc. En la documentacin oficial aparecen permanentes re ferencias al tema desde distintos abordajes mientras en la poltica universitaria com ienzan a delinearse los "beneficios" de la adopcin del criterio oficial. En este sentido, en 1991 se conoce un nuevo proyecto de Ley Universitaria, esta vez elaborado por el Minist erio que es conocido como Proyecto De Imaz El mismo, establece por primera vez la distribuci n entre las instituciones de una parte de los recursos fiscales (25%) "en funci n de criterios que premiaran la eficacia y eficiencia en la gestin y la calidad de la oferta universitaria, medida en funcin de indicadores de cualificacin debidamente publicitados” (Proyecto de Ley Orgnica del Sistema Universitario Argentino,1991, art.49). (Nota 13) Es decir, la obtencin de un financiamiento superio r estara ligado a la consecucin de la eficiencia Pero cundo es una institucin eficiente? Del an lisis de la documentacin oficial se desprenden algunos ejes de especial rele vancia: En materia de financiamiento, se alienta la participacin de aportes privados co mo una forma de aumentar los ingresos universitarios. Esta contribucin podra asumir distintas modalidades, contemplando entre el las, el cobro de contribuciones a los alumnos, lo cual supona supri mir el principio constitucional de gratuidad de la educacin; El rendimiento se medira en la relacin ingreso-egreso, duracin real de las carreras, desercin, etc.; en este punto, la limita cin del ingreso y la imposicin de formas ms severas de control acadmico permitiran mejorar los ndices de rendimiento; La calidad acadmica sera evaluada a partir de criterios uniformes par a todas las instituciones con un sesgo fuertemente cuantitativo En lo que respecta a la poltica de financiamiento universitario establecida por el gobierno de Menem, sta estuvo claramente orientada desde un inicio al estmulo del crecimiento de los aportes privados en las universi dades. Esto se lograra a travs de una flexibilizacin normativa de dichas instituciones q ue las autorizara por ejemplo a vender servicios. En una primera fase se estudia tambin l a posibilidad de crear cooperadoras de padres a efectos de recaudar aportes voluntarios y se esboza la idea de que las universidades reciban apoyo econmico por parte de fundaciones o empresas privadas a cambio de beneficios de carcter impositivo y parti cipacin en el manejo administrativo de las instituciones. Finalmente, ninguna de estas propuestas se concreta. (Nota 14) A partir de 1993, en una segunda parte de la gesti n, el proyecto de modificacin del rgimen econmico-financiero que el Poder Ejecutivo enva al Congreso plantea entre otras cuestiones, la posibilidad de arancelamiento y de asignacin al Ministerio de una suma global a distribuir entre las universidades de acuerdo a parmetros de eficiencia. Ambas medidas quedarn finalmente plasmadas en la L ey de Educacin Superior sancionada en 1995.

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7 of 18La concepcin de la educacin superior predominante est relacionada con la idea de que la misma es un bien mixto o semipblico que per mite beneficios sociales e individuales. Por lo tanto si bien el estado debe f inanciarla, es el mercado el que regular su funcionamiento.Los nuevos alcances de la autonomaLa revisin de los documentos oficiales da cuenta d e que el encuadre general de las polticas universitarias, al menos en el discurso, se da en el marco del “respeto a la autonoma de las instituciones universitarias, prom oviendo una mayor responsabilidad por parte de ellas frente a la sociedad”. Sin embar go, es necesario distinguir entre el nivel discursivo y el operativo a los efectos de ec har luz sobre la aparente contradiccin oficial.Es as como, por una parte se proclama la plena vig encia del principio de autonoma, mientras por la otra, se introducen mecanismos que la limitan desde el estado, pero tambin desde el mercado. (Nota 15) En relacin a a qul, se enfatiza en el sometimiento de las instituciones a procesos de evaluacin y en la exigencia de accountability como una forma de aumentar su racionalidad tcnica. Sin embargo, este planteo se inscribe en el contexto de una gestin signada por prcticas ne opatrimonialistas y particularistas que promovieron un sistemtico e indiscriminado deb ilitamiento de las accountabilities en el resto de las esferas de la vida social, polt ica y econmica. En el orden jurdico por su parte, especialmente en los primeros aos de la gestin dos decretos del Poder Ejecutivo, tienden a limitar la esfera de autonoma de las instituciones, fijando nuevas reglas de convivencia Es as como, a travs del Decreto 1111/89 el gobierno sostiene que es el Poder Ejecutivo, a travs de la cartera ministerial correspondiente, el rgano revisor de las decisione s del Consejo Superior de la Universidad. Apelado este decreto ante la Justicia, la Corte Suprema reconoce la competencia del Ministerio de Educacin para entend er en los recursos de alzada que se interpongan contra las decisiones de los rganos su premos del cogobierno universitario. (Nota 16) Por su parte, el Decreto 160/91 establece la obligacin de todas las universidades nacionales de elevar al Ministerio de Educacin y J usticia, todos los recursos que contra sus actos hubieran sido o fueran interpuestos. En l os considerandos del mismo se establece que “la llamada autonoma universitaria s e refiere a la posibilidad de poder realizar libremente su tarea propia, en tanto las d ecisiones adoptadas respeten los derechos y garantas constitucionales (...) La auto noma de las universidades en el orden cientfico y docente no impide que el Poder Ejecuti vo, y otros rganos a quienes se les hubiere atribuido competencia al efecto, controlen la legitimidad de sus actos y que el Estado les exija el cumplimiento de las leyes”.En estos decretos parece pues plantearse un recorte particular del concepto de autonoma; se dara un reconocimiento pleno de la a utonoma acadmica e institucional y un sometimiento de la institucin al Poder Ejecut ivo como rgano de apelacin de sus decisiones administrativas.Existen sin embargo, otros mecanismos de intervenci n en las universidades pblicas

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8 of 18como las formas a travs de las cuales se ha encara do la evaluacin de calidad acadmica de las carreras de grado y posgrado, la a creditacin y habilitacin de ttulos, o el financiamiento diferencial segn los patrones de eficiencia logrado por las instituciones.El caso de la Universidad Nacional de Rosario: defe nsa y ejercicio de la autonoma Desde 1983, y durante el perodo analizado, la Univ ersidad Nacional de Rosario (U.N.R.) (Nota 17) es gobernada por Rectores identi ficados con el radicalismo, situacin que comparte con muchas otras universidades naciona les. Esta filiacin le permiti mantenerse en sintona con el gobierno nacional dur ante la presidencia de Ral Alfonsn, pese a que no faltaron ciertas controvers ias sobre cuestiones que no formaban parte del ncleo duro del ideario reformista, en la s que ambas partes coincidan. A partir de la gestin de Carlos Menem en cambio, la U.N.R. -como otras universidades nacionales-, asume posiciones claramente opuestas a la poltica universitaria delineada desde el gobierno nacional.Una de las formas de reconstruir las posturas asumi das por la U.N.R. frente a los lineamientos del gobierno nacional respecto a la co ncepcin de autonoma, es analizando la agenda de sus rganos colegiados de g obierno. (Nota 18) En este sentido el Consejo Superior, por su relevancia instituciona l, representatividad poltica y la periodicidad de sus sesiones, constituye un espacio privilegiado para identificar y reconstruir esas posturas. Entendemos por agenda del C.S. de la U.N.R. (Nota 1 9) al conjunto de problemas, demandas, cuestiones o asuntos que este rgano de g obierno de la Universidad define como tales, los cuales pueden ser clasificados de a cuerdo a ciertos criterios operativos. Conviene resaltar que la conformacin de tal agenda no es ajena a ciertas correlaciones de fuerza y lgicas polticoacadmicas que permit en convertir o no una cuestin en problema. Las Actas del C.S. engloban cuestiones y planteos v inculados a aspectos ms rutinarios del funcionamiento de la Universidad y del cuerpo p ropiamente dicho como as tambin excluyen temas que ingresan en un “espiral de silen cio”. Si bien el Estatuto de la Universidad establece que la Asamblea Universitaria mximo rgano de gobiernofija la poltica universitaria, en la prctica sta no h a cumplido acabadamente con el rol que le compete y ha quedado reducida a un mero espacio de legitimacin de las polticas implementadas desde el Rectorado de la Universidad o bien, en un rgano destinado a cumplir funciones electorales, eligiendo Rector y V ice-Rector cada cuatro aos. La clasificacin propuesta reconoce cuatro grandes lneas o ejes en la conformacin de la Agenda del C.S. de la U.N.R.: Temas generales: se vinculan con declaraciones, homenajes, comunica ciones sobre distintos eventos. En estos temas generalment e no hay debate y se cumple con los pasos reglamentarios de proponerlos y aprob arlos. 1. Temas de funcionamiento del cuerpo: son aspectos relacionados con el funcionamiento del propio Consejo y comprenden just ificaciones de inasistencias, pedidos de licencias, aprobacin de Actas anteriore s, giro de los temas a las Comisiones, constitucin de las Comisiones Internas 2.

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9 of 18Temas rutinarios: en este tem encontramos temas relacionados con el mundo estudiantil: ingresos fuera de trmino, pases de ca rrera, prrroga para la presentacin de ttulos de estudios secundarios, re vlida de ttulos extranjeros; tanto como con el mundo de los docentes: llamados a concursos, designacin de docentes, impugnaciones de concursos, transformaci n o transferencia de cargos docentes, aprobacin de planes de estudio y, por l timo, aspectos que tienen que ver con el patrimonio de la Universidad: por ejempl o, aceptacin de donaciones. 3. Problemas particulares: definimos as aquellos temas que recurrentemente vuelven al seno del Consejo Superior ya que, por su importancia, muchas veces ameritan discusiones de fondo que no se agotan en l as distintas sesiones del Consejo. Aqu incluimos temas relacionados con el p resupuesto educativo, aspectos salariales, problemas de infraestructura y defensa de la autonoma (Chiroleu e Iazzetta, ob.cit ). 4. Sobre este ltimo aspecto nos detendremos a analiza r, desde el concepto de autonoma universitaria, la posicin asumida por la U.N.R. en dos registros que consideramos relevantes: uno declarativo, el segundo concernient e al ejercicio efectivo de la autonoma.1El C.S. asume, en distintas ocasiones, posturas tendientes a sealar sus profundas discrepancias con relacin a medidas que implementa el gobierno nacional, ya sea desde un plano legislativo como son los Decretos 1111/89 y 160/91 del Poder Ejecutivo como tambin desde un plano de ejercicio netamente polt ico, por ejemplo las propuestas sobre evaluacin institucional, el proyecto corresp ondiente al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), e tc. Estas posturas permiten visualizar una nocin de au tonoma mucho ms abarcativa que la que reconoce el Poder Ejecutivo, negndole a st e competencia para restringir el poder de decisin de las universidades no slo en e l mbito estrictamente acadmico sino tambin en mbitos de ndole administrativo y organizacional que, hasta ese momento, no haban encontrado lmites tan precisos. La U.N.R. delinea dos caminos de accin para difere nciarse explcitamente de las medidas oficiales: uno de los mbitos escogidos es estrictamente poltico e incluye tanto las declaraciones de rechazo emanadas del C.S. como acciones concertadas con otras fuerzas polticas afines, fuera del mbito de la pr opia universidad; el segundo asume un carcter tcnico, en tanto se delega en la asesora legal de la universidad, la fundamentacin jurdica de su postura. Como expresiones de la primera alternativa destacam os la Resolucin C.S. N 235/92 que establece “Rechazar todo intento de reglamentar y limitar la autonoma universitaria”. En sus considerandos, esta Resoluci n seala “que la Autonoma Universitaria ya ha sido cuestionada por el actual gobierno a travs de los decretos Ns. 1111/89 y 160/91; que es requisito indispensable qu e sea la propia Comunidad Universitaria la que democrticamente fije las pol ticas tendientes a la consecucin de los fines que la misma Universidad se propone; que es garanta de la preservacin de la Universidad del tutelaje de los gobiernos de turno y permite la formacin democrtica y crtica de las jvenes generaciones”. Pero, al mism o tiempo, el visto de la Resolucin resulta elocuente ya que la misma responde a un Pro yecto de Comunicacin elaborado

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10 of 18por el Bloque de Senadores Nacionales de la Unin C vica Radical, en el que expresan su profunda preocupacin ante la intencin del Pode r Ejecutivo Nacional de cercenar la autonoma universitaria a travs de su reglamentaci n. La Resolucin siguiente, N236/92, cuestiona aquell os aspectos que definimos como de ejercicio netamente poltico y rechaza distintos do cumentos (Nota 20) elaborados desde los equipos oficiales con relacin a la evaluacin universitaria, adoptando como propia la concepcin de evaluacin de la calidad universit aria expresada por el Consejo Interuniversitario Nacional (C.I.N.).La reinvindicacin de autonoma formulada por la U. N.R. tambin se amalgama con el rechazo a ciertos instrumentos de poltica universi taria impulsados desde el gobierno nacional. Es preciso recordar en este sentido que y a en 1990, a travs de un protocolo que el Poder Ejecutivo hace suscribir a las distint as universidades, se garantiza la plena autonoma, fijando como contrapartida el cumplimien to de algunas obligaciones como la racionalizacin de los recursos y la introduccin d e procesos de evaluaciones internas sobre la eficiencia de la universidad. Estas son al gunas de las manifestaciones acerca de las condicionalidades que le permiten al P.E. inter ferir en la vida interna de las universidades.En este mismo sentido, se delinearon otros instrume ntos que trascienden el mbito de la U.N.R. tendientes a fortalecer un abanico opositor nacional. Como parte de esa estrategia se conform una Asamblea Universitaria N acional, de carcter declamativo, pluralista, multisectorial pero, quizs, poco efica z a la hora de formular propuestas alternativas. Tambin se realizaron reuniones con l egisladores nacionales de la provincia de Santa Fe con el objeto de involucrarlos en la pr oblemtica universitaria y demandarles una mayor participacin y responsabilid ad en el mbito legislativo. El otro sendero que adopta la U.N.R. como respuesta a la poltica universitaria nacional presenta un perfil “tcnico”, vinculado al papel as ignado a la Asesora Legal, tanto desde el C.S. como desde el mismo Rectorado, delegando en el cuerpo de asesores letrados decisiones trascendentes que delinearon acciones co ncretas contra el cercenamiento de la autonoma a travs del Decreto 160/91, que, como ya dijimos, le otorga competencia como Tribunal de Alzada al Ministerio de Educacin, sobre aquellas Resoluciones que adopte el C.S.. El mismo estilo prim frente a la L ey de Educacin Superior que obligaba a la U.N.R. a reformar sus Estatutos para adecuarlos a la misma, sobre todo en el punto de la conformacin del co-gobierno, violan do la autonoma declamada. 2Si contrastamos aquellas posturas analizadas en el primer registro con el ejercicio efectivo de la autonoma que la U.N.R. mostr en al gunas cuestiones que pondran a prueba aquella declamacin, pueden observarse visib les signos de inconsistencia. Si de acuerdo a la Resolucin del C.S. N 235/92, la auto noma debe ser entendida como la capacidad de la comunidad universitaria para fijar democrticamente las polticas que permitan concretar los fines que la misma universid ad se propone, ello presupone una conducta responsable, que aunque en ocasiones puede estar sesgada por organicidades polticas, exige un compromiso institucional que la s trascienda para poder gobernarse a s misma. Las indefiniciones en cuestiones que resultan medul ares en la vida acadmica de la institucin, ponen de manifiesto las dificultades c otidianas para ejercer de manera

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11 of 18efectiva la autonoma. Uno de los casos paradigmti cos lo constituye las demoras para la implementacin de la denominada Carrera Docente aprobada por Asamblea Universitaria en 1988. La misma estableca la exige ncia de concursos para el acceso al cargo docente y su promocin a la categora superio r. Al mismo tiempo contemplaba mecanismos de evaluacin continua que garantizaran la calidad docente resguardando su estabilidad. En cierto modo, se privilegiaba sta e n desmedro del principio de periodicidad de la ctedra pese a ser ste uno de l os pilares fundamentales de la Reforma Universitaria.Debi transcurrir algo ms de una dcada para que e sta norma obtuviera una reglamentacin que permitiera ponerla en prctica. Durante ese lapso se intentaron en vano, distintas instancias de compatibilizacin de criterios, se trat el tema en plenarios, pas a comisiones, hasta reunir finalmente el conse nso necesario para su aprobacin en el ao 2000. Por consiguiente, desde fines de 1988 los docentes que haban accedido a sus cargos por concurso, continuaron en sus funcion es sin ningn tipo de evaluacin o rendicin de cuenta que les permitiera revalidar su s aptitudes para seguir desempeando dichas actividades. Este ejemplo, especialmente asociado a un tema tan caro al ideario reformista, ilustra acerca de las dificultades que la institucin enfre nta para disponer en forma efectiva de su autonoma y para ejercer la libertad de auto-gob ernarse de manera responsable. A modo de cierreMediante el anlisis de la experiencia de la U.N.R. intentamos ilustrar sobre ciertas limitaciones que exhiben nuestras universidades par a asumir con sentido responsable y creativo la autonoma que por definicin les cabe. Conviene resaltar en este sentido, que la ausencia de iniciativas por parte de las mismas result especialmente notoria frente a un gobierno que –como el de Carlos Menemimpuls u na agresiva poltica de reformas que reconocan como contracara, falta de escrpulos y consideracin por su autonoma. La gestin justicialista de Carlos Menem se caracte riz por el abismo existente entre el plano discursivo y el propiamente operativo, en el cual se verificaba constantemente un recorte de aqulla y un consiguiente avance del Pod er Ejecutivo en mbitos propios de la institucin. En este sentido, la asignacin del pre supuesto en funcin de ndices de eficiencia institucional, nunca totalmente clarific ados, se constituy en un mecanismo coercitivo eficaz. En la prctica, el hecho de no h aber apoyado las posturas gubernamentales, le signific a la U.N.R. permanent es sanciones en el reparto y acceso a fondos oficiales.Frente a este avance, ejecutado de manera sostenida e incremental durante una dcada, la universidad no ofreci respuestas que le permitiera n defender la autonoma tanto en un sentido positivo generando consensos internos sobre cuestiones ac admicas cruciales que perfeccionaran su desempeocomo en un sentido negativo fijando vallas frente a las tentativas de avance provenientes del Ejecutivo La universidad asumi una postura meramente reactiv a ante las iniciativas reformistas “exgenas” pero esa resistencia no estuvo acompaad a de un esfuerzo por generar una renovacin de los temas domsticos sobre otras base s y supuestos. Es indispensable que la universidad procese reflexivamente esta experien cia del pasado y retome la iniciativa

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12 of 18para motorizar autnomamente las innovaciones que e xigen estos tiempos. De lo contrario, permanecer aprisionada dentro de los l mites de las polticas reformistas impulsadas desde el gobierno nacional, lo cual no s lo es reprochable por el renunciamiento de autonoma que expresa, sino porqu e esa actitud involuntariamente deviene en una defensa de lo existente, pese a habe r un extendido reconocimiento de que su estado actual no es satisfactorio. Nada indica que, concluido ya el gobierno de Menem, cesen las tentaciones por coaccionar y condicionar exgenamente el funcionami ento autnomo de las universidades. Para enfrentarlo, sta deber recrea r su capacidad para generar nuevas respuestas a los desafos de su tiempo antes que ot ros lo hagan empleando criterios que siempre les sern hostiles. Notas Este trabajo forma parte de un proyecto de investig acin en curso financiado por la Secretara de Ciencia y Tecnologa de la Univers idad Nacional de Rosario, titulado Autonoma y Cogobierno Universitario. Sus alcances en la experiencia de la Universidad Nacional de Rosario bajo la direcci n de la Dra. Adriana Chiroleu. 1. Una ampliacin de este debate puede hallarse en Iaz zetta, 2001. 2. Una visin sobre el funcionamiento del C.S. de la U .N.R. en el perodo 1986-1988 puede hallarse en Chiroleu e Iazzetta,1998. 3. Para una ampliacin y profundizacin de este tema p uede consultarse Chiroleu, 1999. 4. Una profundizacin de este tema puede hallarse en C hiroleu, A. (1999), El ingreso a la Universidad. Las experiencias de Argentina y B rasil, Rosario, Universidad Nacional de Rosario Editora. 5. Ministerio de Cultura y Educacin (1998), La Educac in Superior en Argentina. Un proceso de transformacin en marcha. 6. Sobre este punto pueden consultarse entre otros, Ca no, 1995, 1996 y 1999, Chiroleu,1999 y 2000, Chiroleu et al,2001, Iazzetta ,2001, Mollis,2000 y Waisman,1999. 7. La metodologa de evaluacin propuesta en el Inform e final del Proyecto fue rechazado por las universidades por cuestiones tant o tcnicas como polticas. 8. Un buen ejemplo de esta situacin puede darlo la in auguracin de nuevas unidades de investigacin dentro del Consejo Nacion al de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET) cuyas sedes –Anill aco y Diamantecoinciden sospechosamente con las ciudades natales de dos con notadas autoridades nacionales. Al respecto, la ciudad Cientfica de An illaco supuso una inversin de 52 millones de dlares. Se desconoce hasta el momen to la lgica a partir de la cual se benefici de esta manera a la Universidad Nacion al de La Rioja, institucin que por otra parte fue nacionalizada recin en 1994. 9. Al respecto, seala Jorge Baln que tanto en el cas o de la creacin de la Universidad de Formosa, como en el de la Universida d de Quilmes y La Matanza, se involucraban intereses del partido justicialista que se comprometan a obtener aportes financieros autnomos de empresas locales o de contribuciones municipales (vase "Polticas de financiamiento y g obierno de las universidades nacionales bajo un rgimen democrtico: Argentina 1 983-1992", en Autores Varios, Polticas comparadas de Educacin Superior en Amrica Latina, Santiago de Chile, FLACSO, 1993:164). 10.

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13 of 18As surgen las Universidades Nacionales de Quilmes, Formosa, La Matanza, General Sarmiento, General San Martn, se nacionali za la Provincial de La Rioja, la de Villa Mara, Lans y la Provincial de la Pata gonia Austral, cinco de las cuales se ubican en el Gran Buenos Aires. 11. En Septiembre de 1990 comienza a funcionar en el Mi nisterio de Cultura y Educacin, la Junta de Planeamiento Universitario q ue se encargara del estudio de las solicitudes de autorizacin para el funciona miento de establecimientos privados. En 1990 se aprob la creacin de cinco nu evas instituciones, en 1991, de cinco ms, en 1992, de tres, en 1993 de una, y en 1 994 de tres ms. En la actualidad funcionan cuarenta (40) universidades pr ivadas las cuales deben ofrecer al menos tres carreras de grado. Se nota, sin embar go, un predominio de las ciencias sociales y las humanidades aunque tambin hay dos nuevas escuelas de medicina de alta calidad. 12. A fines del 91 renuncia Jos Luis de Imaz; para ent onces se percibe como conveniente, calmar el enfrentamiento con el sector universitario, elaborando propuestas menos radicales pero con mayor factibili dad de ser aprobadas en el Congreso Nacional (Baln, J., ob. cit.,1993) 13. Durante esta gestin se repite en distintos planos de la rbita oficial este mismo recurso para instalar un determinado debate; esto e s, se lanzan desde el ejecutivo "globos de ensayo" que consisten en formular propue stas audaces sobre temas controvertidos. Estas logran ocupar espacios sustan tivos en los medios de comunicacin durante algunos das y tras recibir cr ticas desde distintas corrientes de opinin, posteriormente son retiradas con la con sabida desautorizacin de los funcionarios que las impulsaron y defendieron. Sin embargo, pese a esta aparente derrota, la discusin sobre el tema ya se ha instal ado y ha ingresado a la agenda de debate pblico. 14. La relacin universidad-mercado se ha visto transfo rmada en los ltimos aos a partir de la crisis de financiamiento estatal que h a empujado a las instituciones a la bsqueda de recursos fundamentalmente a travs de l a venta de servicios a terceros, capacitacin y entrenamiento, posgrados, etc, que en muchos casos la alejan de sus funciones de docencia e investigacin Una ampliacin de este tema aplicado a la situacin argentina puede hallarse en Bertoni,2001. 15. La Corte sostiene que el principio de autonoma no supone que est prohibido el control de la legitimidad de los actos administrati vos, “ya que las decisiones universitarias no escapan al mbito de aplicacin d e las leyes de la Nacin y no confieren privilegios a los integrantes de sus clau stros”. 16. En 1983, la UNR contaba con casi 20.000 alumnos; en tre 1984 y 1985 se produce un elevado crecimiento de la matrcula, producto de l restablecimiento del ingreso directo que hace que la misma se duplique en 1988 a lcanzando los 41.131alumnos. El personal docente por su parte pas de 3.955 en 1983 a 4.984 en 1985 y 5.929 en 1988. (Boletines Estadsticos de la Direccin de Estadstica Universitaria, UNR, Secretara General, varios aos ). 17. Con la Reforma del Estatuto de la UNR en 1988, el C onsejo Superior pas a contar con una representacin paritaria entre docen tes y estudiantes y otra igualmente paritaria entre no docentes y graduados, aunque de la mitad de la primera; estaba integrado adems por los decanos de las diversas unidades acadmicas y era presidido por el Rector. 18. Esta temtica ha sido ya abordada en el marco de un a investigacin ms extensa sobre la U.N.R. que viene realizando el mismo equip o de trabajo. Con relacin a la definicin de agenda nos valemos de los signific ativos aportes efectuados en la 19.

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14 of 18compilacin de Aguilar Villanueva, L. F. (1993), Pr oblemas pblicos y agenda de gobierno, Mxico, Miguel A. Porrua.Entre esos documentos se destacan "Listado de funci ones, dimensiones y variables," "Cuestionario para jueces," "Calidad de la enseanza," "Metodologa de evaluacin de la calidad universitaria," elabora dos por miembros directos del Ministerio de Cultura y Educacin o por personalida des del mundo acadmico vinculadas polticamente al gobierno. 20. Bibliografa AGUILAR VILLANUEVA, L. F. (1993) Problemas pblicos y agenda de gobierno Mxico, Miguel A. Porrua.BALN, J. (1993), "Polticas de financiamiento y go bierno de las universidades nacionales bajo un rgimen democrtico: Argentina 1 9831992", en Autores Varios, Polticas comparadas de Educacin Superior en Amri ca Latina Santiago de Chile, FLACSO.BERTONI, M.L. (2001), “Argentina: Universidadempr esa, una relacin de mutua conveniencia?, en Adriana Chiroleu (org), Repensando la educacin Superior Rosario, UNR Editora (en prensa).BRAVO, H (1993), “Autonoma Universitaria”, en Revista Argentina de Educacin Ao XI. M19.D. (1995), El Fondo para el mejoramiento de la calidad univers itaria (FOMEC). Una estrategia del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Mundial para la reforma de la Educacin Superior Buenos Aires, CEPRU. D. (1996), Conversos, tcnicos y canbales o acerca de las des venturas de la pedagoga en el laberinto del Estado Malhechor Ponencia presentada en el Seminario Internacional Polticas, Instituciones y Actores en Educacin Buenos Aires, Centro de Estudios Multidisciplinares, 29 y 30 de abril de 19 96. D. (1999), “Comparar: la opcin entre 'comprender' y 'compeler'”, Prlogo a Adriana Chiroleu, El ingreso a la Universidad. Las experiencias de Ar gentina y Brasil Rosario, Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.CHIROLEU, A. (1999), El ingreso a la Universidad. Las experiencias de Ar gentina y Brasil Rosario, Universidad Nacional de Rosario Editora. CHIROLEU, A (2000), “La Educacin Superior en los p ases del Mercosur. El reconocimiento de las singularidades como punto de partida de la integracin regional”, en Revista de la Educacin Superior Vol.XXIX, N 115, Mxico, ANUIES. CHIROLEU, A. e IAZZETTA, O. (coord) (1998), “Consej o Superior de la Universidad Nacional de Rosario (1986-1988). Entre la construcc in de las rutinas democrticas y la defensa de la autonoma”, en U.N.R. Propuesta Revista de la Secretara de Extensin Universitaria del Rectorado, Ao II, N 4, Rosario.

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15 of 18CHIROLEU, A. et al, Autonoma y cogobierno universitario. La experienci a de la Universidad Nacional de Rosario Informe de Avance del Proyecto de Investigacin y Desarrollo radicado en la Secretara de Ciencia y T ecnologa de la U.N.R., Rosario, policopiado.DURHAM, E (1989), A autonomia universitaria. O principio Constitucion al e suas implicaoes NUPES, Universidade de Sao Paulo, Documento de tr abalho 9/89. GARCIA LAGUARDIA, J (1977), La Autonoma Universitaria en Amrica Latina. Mito y realidad Mxico, UNAM. GROISMAN, E. (1968), La universidad como problema jurdico Buenos Aires, Macchi.IAZZETTA, O. (2001), “La recreacin de la dimensin pblica de la universidad”, en Pensamiento Universitario N 9, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilm es. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACI"N (1998), La Educacin Superior en Argentina. Un proceso de transformacin en marcha Buenos Aires. MOLLIS, M (1996), “El sutil encanto de las autonom as. Una perspectiva histrica y comparada”, en Pensamiento Universitario N 4/5, Buenos Aires, UBA. MOLLIS, M (2000), La geopoltica de las reformas de la Educacin Superior. El Norte da crditos, el Sur se “acredita” (El caso de Argen tina), en http://www.unam.mx/roberto/he2000. NOSIGLIA, M. Y MARQUINA, M. (1996), “La poltica un iversitaria del Gobierno Nacional en el perodo 1989-1993”, en Norma Pavigli aniti et al, Recomposicin neoconservadora. Lugar afectado: la universidad, Bu enos aires Mio y Dvila editores. PAVIGLIANITI, N. (1996), “La autonoma y las formas de gobierno en los anteproyectos y proyecto de Ley de Educacin Superi or elaborados por el Poder ejecutivo Nacional”, en Norma Paviglianiti et al, Recomposicin neoconservadora. Lugar afectado: la universidad, Buenos aires Mio y Dvila editores. PINHEIRO, E (1987), A autonomia e o desempenho da universidade segundo dirigentes universitarios Facultade de Educaao, Universidade Federal de Ri o de Janeiro. SANCHEZ VIAMONTE C (1968), Universidad, educacin y laicismo Buenos Aires, Saga.VALLE, H (1986), Autonoma universitaria, tensiones y esperanzas Washington, O.E.A., Serie Universidad N 11.WAISMAN, C. (1999), “Problemas actuales y futuro de la universidad argentina”, Pensamiento Universitario N 8, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilm es. VANOSSI, Jorge (1976), La universidad y sus problemas Buenos Aires, de. Macchi.

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16 of 18 Acerba de los AutoresAdriana Chiroleu es Doctora en Sociologa, docente de la Facultad d e Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales de la UNR, e Investiga dora del CONICET. Coordinadora Acadmica del Programa Interuniversitario de Posgra do en Poltica y Gestin de la Educacin Superior (coorganizado por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosa rio) e-mail: achiroleu@arnet.com.ar Osvaldo Iazzetta es Doctor en Sociologa y docente e investigador d e la misma Facultad.Claudia Voras es licenciada en Ciencia Poltica y docente de la misma institucin. Claudio Daz es abogado y docente de esta institucin y de la F ac. de Derecho.Copyright 2000 by the Education Policy Analysis ArchivesThe World Wide Web address for the Education Policy Analysis Archives is http://epaa.asu.edu General questions about appropriateness of topics o r particular articles may be addressed to the Editor, Gene V Glass, glass@asu.edu or reach him at College of Education, Arizona State University, Tempe, AZ 85287-0211. (602-965-96 44). The Book Review Editor is Walter E. Shepherd: shepherd@asu.edu The Commentary Editor is Casey D. Cobb: casey.cobb@unh.edu .EPAA Spanish Language Editorial BoardAssociate Editor for Spanish Language Roberto Rodrguez Gmez Universidad Nacional Autnoma de Mxico roberto@servidor.unam.mx Adrin Acosta (Mxico) Universidad de Guadalajaraaacosta@cucea.udg.mx J. Flix Angulo Rasco (Spain) Universidad de Cdizfelix.angulo@uca.es Teresa Bracho (Mxico) Centro de Investigacin y DocenciaEconmica-CIDEbracho dis1.cide.mx Alejandro Canales (Mxico) Universidad Nacional Autnoma deMxicocanalesa@servidor.unam.mx Ursula Casanova (U.S.A.) Arizona State Universitycasanova@asu.edu Jos Contreras Domingo Universitat de Barcelona Jose.Contreras@doe.d5.ub.es Erwin Epstein (U.S.A.) Loyola University of ChicagoEepstein@luc.edu Josu Gonzlez (U.S.A.) Arizona State Universityjosue@asu.edu

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17 of 18 Rollin Kent (Mxico)Departamento de InvestigacinEducativa-DIE/CINVESTAVrkent@gemtel.com.mx kentr@data.net.mxMara Beatriz Luce (Brazil)Universidad Federal de Rio Grande do Sul-UFRGSlucemb@orion.ufrgs.brJavier Mendoza Rojas (Mxico)Universidad Nacional Autnoma deMxicojaviermr@servidor.unam.mxMarcela Mollis (Argentina)Universidad de Buenos Airesmmollis@filo.uba.ar Humberto Muoz Garca (Mxico) Universidad Nacional Autnoma deMxicohumberto@servidor.unam.mxAngel Ignacio Prez Gmez (Spain)Universidad de Mlagaaiperez@uma.es Daniel Schugurensky (Argentina-Canad)OISE/UT, Canadadschugurensky@oise.utoronto.ca Simon Schwartzman (Brazil)Fundao Instituto Brasileiro e Geografiae Estatstica simon@airbrasil.org Jurjo Torres Santom (Spain)Universidad de A Coruajurjo@udc.es Carlos Alberto Torres (U.S.A.)University of California, Los Angelestorres@gseisucla.eduEPAA Editorial Board Michael W. Apple University of Wisconsin Greg Camilli Rutgers University John Covaleskie Northern Michigan University Andrew Coulson a_coulson@msn.com Alan Davis University of Colorado, Denver Sherman Dorn University of South Florida Mark E. Fetler California Commission on Teacher Credentialing Richard Garlikov hmwkhelp@scott.net Thomas F. Green Syracuse University Alison I. Griffith York University Arlen Gullickson Western Michigan University Ernest R. House University of Colorado Aimee Howley Ohio University Craig B. Howley Appalachia Educational Laboratory William Hunter University of Calgary Richard M. Jaeger University of North Carolina--Greensboro Daniel Kalls Ume University Benjamin Levin University of Manitoba Thomas Mauhs-Pugh Green Mountain College Dewayne Matthews Western Interstate Commission for Higher Education William McInerney Purdue University Mary McKeown-Moak MGT of America (Austin, TX)

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18 of 18 Les McLean University of Toronto Susan Bobbitt Nolen University of Washington Anne L. Pemberton apembert@pen.k12.va.us Hugh G. Petrie SUNY Buffalo Richard C. Richardson Arizona State University Anthony G. Rud Jr. Purdue University Dennis Sayers Ann Leavenworth Centerfor Accelerated Learning Jay D. Scribner University of Texas at Austin Michael Scriven scriven@aol.com Robert E. Stake University of Illinois--UC Robert Stonehill U.S. Department of Education Robert T. Stout Arizona State University David D. Williams Brigham Young University