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Educational policy analysis archives

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Material Information

Title:
Educational policy analysis archives
Physical Description:
Serial
Language:
English
Creator:
Arizona State University
University of South Florida
Publisher:
Arizona State University
University of South Florida.
Place of Publication:
Tempe, Ariz
Tampa, Fla
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Education -- Research -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
usfldc doi - E11-00396
usfldc handle - e11.396
System ID:
SFS0024511:00395


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A rchivos A nalticos de P olticas E ducativas Revista Acadmica evaluada por pares Editor: Gene V Glass College of Education Arizona State University El Copyright es retenido por el autor (o primer coautor) quien otorga el derecho a la primera publicacin a Archivos Analticos de Polticas Educativas. Los artculos que aparecen en AAPE son indexados en el Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org). Volumen 12 Numero 47 September 12, 2004 ISSN 1068-2341 Editores Asociados para Espaol y Portugus Gustavo Fischman Arizona State University Pablo Gentili Laboratorio de Polticas Pblicas Universidade do Estado do Rio de Janeiro Polticas Pblicas De Privatizacin: Una Mirada A La Experiencia De Las Escuelas Autogestionadas De San Luis Myriam Feldfeber Anala Jaimovich Fernanda Saforcada Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires Citation: Feldfever, M., Jaimovich, A. y Saforcada F. (2004, September 12). Polticas Pblicas de Privatizacin; Una mirada a la experiencia de las escuelas autogestionadas de San Luis. Archivos Analticos de Polticas Educativas, 12 (47). Retrieved [date] from http://epaa.asu.edu/epaa/v12n47/. Resumen La reforma educativa que se implement en Argentina en la dcada de los 90 no puede entenderse al margen del proceso de Reforma del Estado y las polticas de desregulacin, descentralizacin y privatizacin de los servicios sociales. En este proceso se pone en cuestin el papel histrico desempeado por el Estado en materia educativa a la vez que comienza a trasladarse la responsabilidad por la garanta del derecho a la educacin a las instituciones y a las familias. Estas transformaciones ponen en

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Polticas Pblicas de Privatizacin 2 cuestin el carcter pblico de la educacin pblica, instaurando nuevos sentidos e impulsando la conformacin de un espacio pblico no estatal “localizado” entre el Estado y el mercado. El presente trabajo analiza el proyecto de Escuelas Autogestionadas (“Escuelas 2001”) de la Provin cia de San Luis (Argentina) teniendo en cuenta tanto la lgica que orienta el desarrollo e implementacin de esta poltica como las representaciones de los actores involucrados sobre la educac in, el Estado y lo pblico. Abstract The educational reform that took place in Argentina during the 90s should be analyzed in the context of a broader reform process implemented in the whole of Latin America during that period, aimed at reforming the St ate and introducing deregulation, decentralization and privatization policies. During this process, the role that the Sate traditionally held in education is redefined, and the responsibility of guaranteeing the right to education is transferred form the State to the families and the schools. These transformations redefine the public character of pu blic education, introduce new meanings in the debates and views about when something should be considered public or not in the field of education and foster the creation of a nonstate public space which could be placed between the State and the market. This paper aims at analyzing the proj ect “Escuelas 2001” which seeks to implement charter schools in San Luis, Argentina. The analysis is based on a two-fold approach: on the one hand, it takes into consideration the logic underlying the design and implementation of this policy; on the other hand, it focuses on the actors’ views about education, the State and public institutions. Introduccin* En los ltimos aos, desde diversos sector es (expertos ministeriales, tcnicos del Banco Mundial y varias fundaciones locales, entr e otros) se ha diagnosticado que el proceso de reforma pendiente en el campo educativo en la Argentina debe estar centrado en temas tales como la autonoma institucional, los nuev os modelos de gestin y la redefinicin de la carrera docente. Desde el punto de vista de estos sectores la elevacin de la calidad del sistema educativo se lograra a partir de divers as medidas, tales como la redefinicin del papel del Estado centrado en la evaluacin del sist ema, una reforma profunda en la organizacin escolar, el establecimiento de nuevas formas de financiamiento educativo basadas en la demanda, la introduccin de incentivos, el otorgamiento de autonoma a la escuela Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de Invest igacin UBACYT (F078) Programacin Cientfica 2001-2003, “Privatizacin y re forma educativa. La experiencia argentina de la dcada del noventa”, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, Facultad de Filosofa y Letras, UBA. Directora: Myriam Fe ldfeber. El artculo retoma cons ideraciones que fueron presentadas en el III Congreso Nacional y I Internacional de Investigacin Educativa “Laberintos y encrucijadas”, Universidad Nacional del Comahue, y en las III Jornad as de Sociologa de la Universidad Nacional de La Plata “La Argentina de la crisis. Recomposicin, nuevos actores y el rol de los intelectuales”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin (UNLP).

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 3 transformndola en protagonista del sistema, la implementacin de polticas pblicas gestionadas por organizaciones no estatales, la produccin de informacin para garantizar la libertad de eleccin a los padres, la definicin de una nueva carrera basada en el mrito y la modificacin del rgimen laboral docente1 (Feldfeber, 2003). En el ao 1999 se aprob en la Provincia de San Luis el proyecto de “Escuelas 2001” –conocidas como escuelas autogestionadas–, propu esta que articula los aspectos centrales de las lneas de reforma mencionadas. En este trabajo se analiza el proyecto “Escuelas 2001” desde dos perspectivas: por un lado, se considera el proceso de diseo y desa rrollo de esta poltica pblica, teniendo en cuenta no slo las caractersticas del proceso en s mismo, sino tambin los discursos de los actores involucrados tanto en la implementaci n como en la oposicin. Por otro lado, se estudian algunos elementos que hacen al funcionamiento y organizacin de estas instituciones, as como las apreciaciones que tienen respecto de esta experiencia quienes participan en ellas. En ambos casos se considera las representaciones de los actores involucrados sobre la educacin, el Estado y lo pblico. Estas dos perspectivas se analizan en forma interrelacionada ya que interesa particularmente observar, en primer trmino, cmo se materializan los discursos y las decisiones tanto del gobierno como de cierta s fundaciones que inci den en las polticas pblicas; en segundo lugar, cmo impactan esto s discursos y decisiones en la comunidad; por ltimo, cmo desde las instituciones y sus acto res se contradice o resignifica lo que es sostenido en el nivel de definicin de las polticas. Las consideraciones que exponemos aqu son resultado de un estudio realizado desde una perspectiva cualitativa, que abarc diversos instrumentos y fuentes de informacin. Se llev a cabo un relevamiento exhaustivo de la normativa relacionada con la implementacin de esta poltica; de artculos periodsticos y de opinin publicados en diferentes medios grficos provinciales y nacionales; y de docu mentos producidos y eventos organizados por diversas fundaciones, por el gobierno de la prov incia, por las fundaciones involucradas en este proyecto, por gremios docentes (CTERA y AMPPyA) y por otras organizaciones involucradas en la oposicin al proyecto, como la Coordinadora de Padres por la Educacin Pblica. Tambin se trabaj c on entrevistas en profundidad a actores involucrados en el diseo e implementacin de esta poltica (int egrantes de las fund aciones y del jurado, funcionarios gubernamentales) diferentes miembros de las escuelas autogestionadas (integrantes de las asociaciones educacionales, directivos y docentes), miembros de escuelas pblicas estatales (directivos y docentes), represen tantes de los gremios y representantes de la Coordinadora de padres. Por ltimo, se realiz aron encuestas a docentes, padres y alumnos de escuelas autogestionadas y a docentes y pa dres de escuelas pblicas estatales. Acerca del contexto de implementacin de esta poltica El proyecto “Escuelas 2001”, que, tal como so stuvimos, articula aspectos centrales de las lneas de reforma de los ’90, es desarrollad o en un contexto de implementacin de polticas en la provincia tendientes a superar lo que el gobierno consideraba “rig ideces propias de un 1 Al respecto ver entre otros: Asociacin Cristian a de Dirigentes de EmpresaACDE (2000); Blanco Etchegaray et al (1999); Campora et al (1996); Experton, W. (1999); Fundacin de Investigaciones Econmicas Latinoamericanas FIEL (200 0); Grupo SOPHIA (1998); Llach, J. J. et al (1999); Vegas, E., Pritchett, L. & Experton, W. (1999).

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Polticas Pblicas de Privatizacin 4 sistema centralizado y sobreregulado”2. A su vez, estas polticas encuentran sentido en el proceso de reforma del Estado provincial en sintona con la reforma a nivel nacional. En el plano educativo, como parte de este co njunto de polticas se sanciona la Ley de Educacin de la Provincia N4947 en el ao 1992, en la cual se establece que la educacin es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Esta ley extiende la denominacin de escuela pblica a todos los establecimientos, dife renciando las escuelas de gestin estatal y de gestin privada; establec e la obligatoriedad en los niveles inicial y primario, sin estipular en ningn artculo la gratuidad; afirma el de recho a la libre eleccin de la familia del establecimiento educativo para sus hijos; seala que la igualdad de oportunidades slo podr ser garantizada con el aporte de distintos sectores de la comunidad; por ltimo, en el captulo referido al financiamiento, incluye dos artculos que apuntan al financiamiento compartido e incluso al autofinanciamiento (Pelayes, 2003). Entre otras de las polticas desarrolladas por el gobierno provincial, se cre un Fondo Educativo por Establecimiento Escolar de Gesti n Estatal, gestionado directamente por cada escuela y destinado a cubrir gastos de servicios y equipamiento, as como suplencias docentes, proyectos especiales y acciones de capacitacin. Tambin se modificaron aspectos vinculados con las condiciones laborales de los docentes y se introdujo un sistema de concursos para supervisores y directores por fuera de los m ecanismos tradicionales de ascenso. Sumado a esto, en el ao 2003 se implement una propuesta muy similar a la del voucher a travs de los Bonos de Equidad Educativa. Este conjunto de polticas redefinieron el rol del Estado y de la sociedad en materia educativa. A su vez, an cuando muchas de las medidas se implementaron en nombre de una mayor autonoma de las instituciones, ellas re dundaron en una mayor concentracin de poder en manos del Poder Ejecutivo, acorde con fo rmas de construccin poltica fuertemente personalistas instaladas en la provincia a partir de la Gobernacin de Adolfo Rodrguez Saa, cuyo dominio en la provincia se ha ex tendido por ms de 17 aos de gestin.3 Es en este marco que se implementa el proyecto de escuelas autogestionadas. De acuerdo con las propias autoridades de la Provin cia, estas escuelas “e ncuentran sus dinmicos pero escasos antecedentes slo en reformas muy recientes, realizadas en distintos grados y desde 1991 por ms de treinta estados de los Estados Unidos y, en menor grado de profundidad, por municipios de Chile, y por algunos pases europeos. Son pocos an, sin embargo, quienes han decidido avanzar en la mo dernizacin de los sistem as educativos con la profundidad con que nuestra provincia se lo ha propuesto. Esto hace de San Luis un caso nico en nuestro pas, que ser analizado de cerca por las dems provincias argentinas e incluso por otros pases de la regin”4. Las reformas a las que hace referencia el gobierno de San Luis son aquellas que se identifican con el modelo de las charter schools. Las escuelas charter son instituciones in dependientes dirigidas en sus aspectos administrativos, pedaggicos y financieros por una asociacin (conformada por padres, educadores o miembros de la comunidad) a quien el gobierno le otorga una licencia de funcionamiento por un nmero determinado de aos a travs de un concurso. Son financiadas a travs de fondos pblicos me diante un mecanismo de pago por alumno, y 2 Fundamentos del Proyecto de Ley de Creacin de l Sistema de Escuelas 2001, San Luis, Abril de 1999. 3 La periodista Olga Wornat lo describe en los siguie ntes trminos: "tiene un perfil similar al que tena Menem. Es un caudillo provincial que logr un crecimiento macroeconmico, un orden fiscal y un desarrollo de infraestructura con alto impacto en el descenso de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas. All conviven el equilibrio macroecon mico y un fuerte desequilibrio en la distribucin del ingreso (…) Rodrguez Saa es desde hace 18 aos, el amo y seor de San Luis, una provincia a la que lleg como gobernador en 1983 y a la que l denomina "El Paraso" de la Argentina” (Wornat, 2002). 4 Fundamentos del Proyecto de Ley de Creacin de l Sistema de Escuelas 2001, San Luis, Abril de 1999.

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 5 funcionan libres de gran parte de las regulacione s que rigen para el sistema pblico. Si bien presentan diferencias significativas en cada re gin en funcin de las leyes por las que fueron aprobadas, todas se caracterizan por la presen cia de tres elementos fundamentales: 1) la existencia de competencia entre las escuelas, 2) la libre eleccin entre escuelas por parte de los padres y 3) la autonoma financiera, pedaggica y de gestin escolar. En cuanto al primero de ellos, quiene s apoyan este modelo sostienen que el financiamiento estatal por matrcula genera que las distintas escuelas compitan para atraer mayor cantidad de alumnos, lo que llevar a un aumento de la diversidad y de la calidad. En relacin con el segundo, la libre eleccin por parte de los padres tiene su sustento terico en la teora de la public choice (Cosse, 1999; Narodowski, 2002). Esta teora se articula en torno a ciertos supuestos: que los individuos se mueven racionalmente en la sociedad para maximizar utilidades; que existe un acceso igualitario a la informacin necesaria para la toma de decisiones; por ltimo, que el mercado es el ms eficiente adjudicador de recursos, ampliando la definicin tradicional de mercado de espacio de intercambio de bienes privados a espacio de intercambio de bienes pblicos. Respecto del tercero de los elementos enum erados, es decir, la autonoma de la escuela, aparece como elemento necesario de la competencia, en tanto para que exista las escuelas deben estar libres de regulaciones de modo tal de poder diferenciarse entre s. A su vez, para esta perspectiva, es lo que permitira llevar adelante un proyecto educativo verdaderamente diferente o innovador al liberar a la escuela de las ataduras del Estado burocrtico. De este modo, las escuelas autogestionadas se inspiran en el modelo de las charter schools, aunque presentan cierta s particularidades. Por un lado, la competencia entre las escuelas no opera por lo reducido de la experiencia –slo se abrieron nueve escuelas– y porque la mayora de las instit uciones que comenzaron a funcionar, lo hicieron en barrios donde no haba escuelas o no era suficiente la oferta. No obstante, este elemento est de todos modos presente debido a que las escuelas autogestionadas fueron ubicadas en el centro de la atencin tanto por el gobierno como por varias fundaciones, generando una comparacin entre ellas y las escuelas estatales que en ocasiones era utilizada para cuestionar a las ltimas. En consecuencia, se fue propiciando un “clima” de enfrentamiento entre unas y otras. Podramos as decir que la competencia no opera entre las escuelas autogestionadas, sino ms bien del conjunto de las autogestiona das en relacin con las escuelas del sistema pblico. Por otro lado, la libre eleccin de los padres no est presente debido que las escuelas, como se dijo, fueron en su mayora fundadas en barrios en los que anteriormente no haba oferta suficiente. En las encuestas realizadas es claro que los padres que envan a sus hijos a estas escuelas, lo hacen por ser la ms cercana a su domicilio, sin que en sus decisiones intervenga la condicin de experimentales. La ausencia de competencia entre las escu elas y de eleccin de los padres se debe fundamentalmente a las caractersticas que asumi el desarrollo de la experiencia, en particular la forma que adopt la primer convocatoria, y al hecho de que no se abrieran nuevas instituciones bajo este rgime n. As, las particularidades que presentan las escuelas autogestionadas puntanas respecto de las ch arter schools se deben ms a la forma de implementacin del proyecto que al modelo que las sustenta. Escuelas autogestionadas: del diseo del proyecto a su implementacin Este proyecto tuvo su origen en la propuesta que una Fundacin5 llev al gobierno de San Luis, a partir de lo cual fue contratada pa ra desarrollar las acciones necesarias para la 5 Es la Fundacin Gobierno y Sociedad.

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Polticas Pblicas de Privatizacin 6 implementacin de esta poltica (estudios prep aratorios, proyecto de ley, organizacin del llamado a concurso, composicin del jurado, sust anciacin del concurso). El proyecto gener una fuerte oposicin en la comunidad educativa, liderada por la Coordinadora de Padres por la Educacin Pblica (una agrupacin inte grada por padres y docentes) y la AMPPyA (Asociacin del Magisterio Provincial Puntano y Afines), apoyada por la CTERA. Debido a la resistencia que provoc en la comunidad, el proyecto de ley fue finalmente dejado de lado y se implement la propuesta a travs de un decreto. Luego de que las escuelas comenzaron a funcionar, los miembros centrales del equipo de la Fundacin se integraron a una nueva Fundacin6, que fue contratada por la provincia para desarrollar tareas de asistencia tcnica y auditora. De acuerdo con el decreto de creacin N 2562/99, las escuelas son gestionadas por Asociaciones Educacionales (asociaciones civiles sin fines de lucro) cuya seleccin se realiza a travs de concursos pblicos a cargo del Mini sterio de Gobierno y Educacin. Uno de los principales elementos de evaluacin en el concurso es el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que presenta cada asocia cin, el cual debe ir acompaado por un diagnstico del contexto institucional que conste de: “un diagnstico del contexto geogrfico social en el cual estar inserta la escuela, un diagnstico de la problemtica pedaggica del alumnado que ser atendido por la institucin, y un diagnstico de la infraestructura edilicia en la que funcionar el establecimiento” (Decreto 2526/99, art. 6 inc. 8). La Asociacin Educacional cuyo proyecto es seleccionado por el Comit Evaluador obtiene una autorizacin de funcionamiento por un perodo de cinco aos. Las Asociaciones deben estar integradas por no menos de tres docentes, pedagogos o personas con antecedentes relacionados con la educacin, que pueden tener o no residencia en la provincia. Los docentes que cumplan dos aos de trabajo continuo en estas escuelas tienen derecho a incorporarse a la Asociacin Educacional. Sin em bargo, esta situacin se ha registrado en pocos casos. En aquellos en lo s que s ha sucedido, los docentes no participan en las decisiones de la asociacin, dado que se trata de una incorporacin formal, sin participacin efectiva. De hecho, numerosos testimonios de docentes de estas escuelas dan cuenta de que la forma en que se integran a la asociacin es formal, ya que, si bien pasan a ser miembros de la asociacin, no se incorporan a la Comisin Directiva. In cluso, esta situacin ha llevado a que varios docentes decidan no incor porarse a la asociacin, debido a que si lo hacen deben responder con sus bienes pero no pued en incidir en las decisiones que se tomen. Las asociaciones educacionales tienen a su cargo la organizacin del proyecto pedaggico (PEI) y la gestin de la instituci n (incluyendo la admini stracin financiera), siendo adems responsables por los resultados pedaggicos obtenidos. Deben elaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que abar que cada uno de los mbitos de organizacin y decisin de la institucin educativa, tales como la estructura de gobierno propuesta para la Asociacin Educacional, la forma de organizacin financiero-contable, el plan de uso de los recursos que se planea llevar a cabo y, en pa rticular, la organizacin pedaggica. Tambin debe estipular las metas de aprendizaje a alcanz ar, los mecanismos de informacin, internos y externos, que se establecen sobre el desempe o pedaggico y las innovaciones didcticas y pedaggicas que se implementarn con el fin de lograr una mejor calidad educativa. Adems, las Asociaciones Educacionales deben firmar un “Compromiso de Escuela de Calidad” y realizar, al menos una vez al ao, una auditora externa de sus estados financieros, legales y contables. El financiamiento de las escuelas est a ca rgo del Estado a travs de un sistema de asignacin por alumno o Unidad de Subvencin Escolar (U.S.E.)7. Las escuelas no pueden 6 El Centro de Implementacin de Polticas Pb licas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 7 La lgica es el financiamiento basado en la demand a que sustenta el modelo de las escuelas charter y el sistema de voucher educativo. En el caso chileno, la reforma implementada en los 80 estableci junto con el proceso de transferencia de las escu elas del gobierno central a los municipios, el

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 7 establecer ningn tipo de arance l ni polticas de discriminacin al ingreso o permanencia de los alumnos. De la totalidad de los fondos que recibe la Asociacin Educacional, puede invertir en salarios del pers onal hasta un 85%. El resto debe invertirse en capacitacin, equipamiento, bienes de consumo y otras erogac iones que se consideren necesarias para el mejor funcionamiento de la escuela. En lo que respecta al Rgimen Laboral Docente, el Decreto de creacin establece que los docentes que optan por trabajar en estas escu elas dejan de depender del Estado y de estar amparados por el estatuto del docente para convertirse en empleado s de las Asociaciones Educacionales que gozan de libertad para establecer el rgimen laboral y los salarios (que no podrn ser inferiores, ni superiores en ms del 50% del de las escuelas pblicas). De hecho, las condiciones laborales de quienes trabajan en estas escuelas son bien diferentes de las de quienes se desempean en escuelas estatales. En primer trmino, estos docentes no gozan de estabilidad laboral ni tienen gara ntizada su cobertura social. Tal como se vio en las encuestas y entrevistas realizadas, muchos de ellos viven esto con angustia o temor y una amplia mayora identifica como un problema la precariedad de su situacin laboral. Los sueldos son ms altos en Nivel Inicial y EGB 1 y 2, pero cumplen muchas ms horas de trabajo. Por el contrario, en EGB 3 y Polimodal, los sueldos son ms bajos que los estatales8. La mayora de los docentes que ingresan a trabajar a estas escuelas so n docentes jvenes o que provienen de otra provincia. La incorporacin se debe, ms que a la voluntad de integrarse al proyecto, a la imposibilidad de ingresar en el sistema pblico, por la falta de antigedad o por no tener los aos de residencia en la provincia necesarios. Finalmente, los docentes que trabajan en las escuelas autogestionadas no estn agremiados, c on lo cual las posibilidades de negociar de un modo coordinado y colectivo sus condiciones de trabajo se ven seriamente disminuidas. “Para muestra basta un botn”: San Lu is y un nuevo modelo de Estado El proyecto Escuelas 2001 resulta un caso puntual que permite observar en “concentrado” las caractersticas que asumi el proceso de reforma del Estado en nuestro pas. En este proyecto es posible analizar la di nmica propia de las polticas neoliberales ya que, dadas sus reducidas dimensi ones (en trminos de su extensin cuantitativa y temporal, como as tambin el nmero de actores involucr ados), resulta posible asir el conjunto de elementos que intervienen en el proceso sin perder su complejidad. En primer trmino, si durante el Estado de Bienestar – Keynesiano la modalidad de legitimacin se caracterizaba por operar a travs de la satisfaccin de demandas, a partir de la reforma del Estado en los ‘90 parecera ser que esta funcin de legitimacin se ejerce a travs de la delegacin y responsabilizacin de la sociedad civil por las consecuencias de la desigualdad social. La transformacin educativ a encarada por el g obierno menemista puede analizarse como una respuesta frente a la crisis de la matriz estado-cntrica que caracteriz la financiamiento a travs de un subsidio por estudiante tanto para escuelas pblicas como privadas. En 1985 se modific la Ley de Subvenciones establ ecindose la Unidad de Subvencin Educacional (USE). El monto a asignar se calcula en base al pr omedio de asistencia de los estudiantes en funcin de cada nivel y modalidad. 8 La reforma educativa implementada en Argentina durante la ltima dcada se inici con la Transferencia de las instituciones de nivel medi o y superior no universitario que dependan del gobierno nacional a las jurisdicciones. En el ao 1993 se sancion la Ley Federal de Educacin, que modific la estructura acadmica del sistema educativ o argentino. La tradicional escuela primaria de 7 aos fue reemplazada por una Educacin General B sica (EGB) de nueve aos de duracin, que se contina en un ciclo de tres aos denominado Pol imodal y que sustituy a la tradicional Escuela Media o Secundaria. No todas las jurisdiccion es han implementado esta nueva estructura, encontrndose sistemas jurisdiccionales con diferent e estructura acadmica, hecho que ha contribuido a profundizar la fragmentacin del sistema educativo.

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Polticas Pblicas de Privatizacin 8 institucionalizacin y expansin del sistema educativo. La polt ica educativa que acompa el desarrollo del modelo del Estado de Bienes tar Keynesiano –de aspiracin universalista y formalmente con derechos accesibles para todos los ciudadanos– experiment una reorientacin que redefini el carcter pblico de la educacin y en consecuencia el papel del Estado como garante del derecho a la educacin. En el marco de la descentralizacin de los servicios sociales, la responsabilidad por la educacin se traslada principalmente a las instituciones y a los individuos (Feldfeber, 2002). Tanto este cambio en la funcin de legiti macin del Estado, como la tendencia hacia la subsidiariedad en la provisin del bien educ ativo son claramente observables en el proyecto de Escuelas 2001. La delegaci n de responsabilidades por part e del Estado toma forma en San Luis a travs de habilitar que asociaci ones civiles desarrollen funciones que antes pertenecan al Estado, garantizndoles los medios econmicos necesarios. Es decir, a pesar de que el financiamiento sigue siendo pblico, se delega la organiza cin, gestin y provisin de la educacin en asociaciones particulares. A su ve z, un elemento central de esta poltica de delegacin de responsabilidades es el hecho de que los docentes ya no son ni seleccionados ni empleados por el Estado. Por otra parte, la re sponsabilizacin de la sociedad toma forma en el vnculo que se establece entre la calidad de la educacin y los proyectos desarrollados por cada una de las asociaciones. Esto, que es sostenido tanto por el gobierno como por la fundacin que realiza la auditora, cristaliza en el universo de representaciones de quienes trabajan en estas escuelas. De hecho, es frecuen te escuchar en las escuelas analizadas que la calidad de la educacin brindada depende excl usivamente de ellos. Esta responsabilizacin aparece acompaada de un proceso de individualizacin: el cuerpo docente de cada institucin no slo se hace carg o de cules sern los resultados educativos, sino que reivindica su independencia y aislamiento respecto de otras escuelas, incluso del sistema educativo (Jaimovich y Saforcada, 2003). En segundo lugar, las polticas neoliberal es de los ’90 se han caracterizado por concentrarse en atender las demandas y reforzar las relaciones con los sectores sociales de mayor poder. Esto se observa claramente en el caso de San Luis. Es posible relevar cmo desde algunos aos antes del lanzamiento de l proyecto, as como tambin durante su desarrollo, algunas fundaciones vinculadas a lo s sectores hegemnicos de la economa (por ejemplo, la Fundacin Diario La Nacin, la ACDEAsociacin Cristiana de Dirigentes de Empresa, la UIA, la Fundacin Carlos Pellegrini, etc.) llevaron a cabo diversas acciones en las que se promova este modelo educativo. Como ya dijimos, el puntapi inicial para este proyecto fue un acuerdo entre una Fundacin y el gobierno de San Luis, a partir de una propuesta que le es presentada a dicho gobier no por un miembro de la fundacin, quien la haba desarrollado luego de conocer en los Estados Unidos el modelo de escuelas charter. Puede observarse aqu cmo esta poltica pblica no tiene su origen en las demandas de la comunidad educativa, sino en intereses particul ares vinculados con determinados sectores. Los intereses particulares no estuvieron slo pres entes en el origen de esta poltica, sino en todo su desarrollo. Es posible hablar de una “e ndogamia” en este proces o, en tanto que es un mismo equipo el que lleva la idea, realiza el di agnstico previo, arma el proyecto, define el acuerdo con el Gobierno, disea el marco legal, calcula la Unidad de Subvencin Escolar que determina el financiamiento para esta escuelas organiza la implementacin del proyecto, lo audita, organiza los concursos, se lecciona los integrantes de los Jurados, e incluso los integra. En tercer lugar, otro rasgo de la dinmica de las polticas propias de la dcada de lo 90 est dado por las vinculaciones entre fundac iones, think tanks y consultoras, con los gobiernos y los procesos de definicin de polt icas. En los noventa aparece en las sociedades latinoamericanas un conjunto de personajes que se han denomin ado “analistas simblicos” o “tecnopolticos” (Silva, 1997; Markoff y Monteci nos, 1994). “Es muy difcil sostener una causalidad lineal que va de los intereses de los actores (empresarios u organismos multilaterales, por caso) a las decisiones de polt icas pblicas, y lo que ms bien encontramos es la mediacin de estos circuitos de expertise que, a la vez que contribu yen a configurar esos

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 9 mismos intereses, tambin inciden sobre las poltic as estatales a fin de disciplinar a los agentes econmicos y al propio Estado ” (Camou, 1999, p. 93). En el caso de la reforma educativa en la Ar gentina, es posible sostener que existe un doble circuito de experticia: por un lado, un conjunto de analistas simblicos que provienen del campo educativo y se incorporan al apar ato del Estado; por otro lado, tcnicos que trabajan en el anlisis, desarrollo e impl ementacin de polticas desde think tanks o consultoras, que por lo general no provienen del campo educativo. En el caso particular que estamos analizando, las fundaciones involucrad as no slo intervienen en la produccin de documentos y propuestas de polticas, sino que participan activamente en la implementacin de un proyecto sin integrarse a la estructura de l gobierno de la provincia de San Luis, sino por medio de una relacin externa a travs de un contrato. Esto resulta importante cuando se consideran algunas de las representaciones que estn presentes en los miembros de estas fundaciones. En diversas entrevis tas aparece la justificacin de la presencia de los tcnicos en la formulacin e implementacin del proyecto a pa rtir del recurso al sa ber experto y se habla de las consecuencias negativas que sobre el proyecto puede tener su “politizacin”. Esta argumentacin es, tal como diversos autores destacan, muy comn en el discurso neoliberal y forma parte de una estrategia de legitimacin cuyo eje central es la separacin entre poltica y tcnica sobre la base de que la responsabilidad de los asuntos pblicos debe corresponder a aquellos que tienen el conocimiento experto “necesario”. Son “ms pblicas” las Escuelas 2001? Acerca de la redefinicin de los sentidos. Las transformaciones analizadas para las poltic as de los ’90 en general y para el caso de San Luis en particular ponen en cuestin el carcter pblico de la educacin pblica, otorgndole nuevos sentidos y definiendo la construccin de un espacio pblico no estatal “localizado” entre el Estado y el mercado. Para algunos autores, las organizaciones p blicas no estatales surgen como respuesta a la crisis del modelo social burocrtico del Estado y a los requerimientos de una administracin pblica ms eficiente en el contexto de la globalizacin (Bresser Pereira, 1998). Son organizaciones que se “localizan” entre el Estado y el mercado. De acuerdo con la definicin de Bresser Pereira y Cunill Grau (1998), cons tituyen organizaciones o formas de control pblicas porque estn volcadas al inters general y son no-estatales porque no forman parte del aparato del Estado, sea porque no utilizan servidores pblicos o porque no coinciden con los agentes polticos tradicionales. Entre las ventajas de estas organizaciones estos autores sealan: a) pluralizacin de la oferta de lo s servicios por la oportunidad de desarrollar el principio de competencia, debido a que posibilit a que los usuarios ejerciten el derecho a la salida, hecho que a su vez estimula la calidad y la eficiencia en la prestacin del servicio; b) flexibilizacin y desburocratizacin de la gest in social, posibilitando obtener prestaciones adaptadas a los pblicos concernidos, en oposic in a las prestaciones uniformes que tienden a caracterizar la oferta pblica es tatal; c) responsabilidad de los dirigentes y participantes de la organizacin que deben utilizar adecuadamente los recursos para lograr los objetivos propuestos. De este modo las organizaciones pblic as no estatales asumen el modelo de funcionamiento de los denominados cuasi-merc ados que se caracterizan como un “nuevo modo de regulacin” diferente al libre mercado y al modelo burocrtico tradicional. El cuasimercado es un “modo de regulacin que pr eserva el financiamiento pblico pero incorporando mecanismos de mercado, como la libre eleccin y la competencia entre establecimientos, a travs de una frmula de financiamiento a la demanda” (Vanderberghe, 2000, p. 22). Por ello se sostiene que son objet o de un doble control: el de la administracin pblica y aquel que ejercen los clientes o usua rios que son libres de ir y venir. El cuasimercado est muy reglamentado: el gobierno mantie ne el control de cuestiones tales como la

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Polticas Pblicas de Privatizacin 10 entrada de nuevos proveedores, la inversin, la calidad del servicio y el precio que para el usuario generalmente es cero (Levic, 1995, citado en Whitty et al, 1999). Es decir, se combinan aspectos de un sistema intervencionista con un sistema de mercado. La necesidad de "reinventar la educacin" en consonancia con la reinvencin del gobierno constituye uno de los puntos de partida de la nueva ortodoxia: las escuelas pblicas para sobrevivir se tienen que reiventar y para ello se necesita de la cooperacin y colaboracin del mercado (Gernster, 19 96). De este modo, el Estado tran sfiere la responsabilidad directa de la educacin y al mismo tiempo controla la provisin de los bienes sociales evaluando la calidad (lo que se ha caracterizado como Estado Evaluador). Es en este sentido que en el Proyecto de Ley de las Escuelas 2001 se estableca que “la reivencin de la escuela pblicas implica a la vez la reinvencin del Estado educador”. En el ao 2002 la Gobernadora de la Provincia de San Luis, Mara Luisa Lemme expres que el proyecto de las Escuelas Autogestionadas significa “una descentralizaci n muy importante en la educacin, donde el rol del Estado pasa a ser el de un control muy fuerte y continuo" 9. Las concepciones acerca de lo pblico que subyacen a las argumentaciones de quienes sostienen el carcter pblico de las Escuelas 2001 implican una ruptura con el imaginario acerca de la educacin en nuestro pas, en el cual lo pblico se asociaba a lo estatal en trminos del inters comn en el marco del proyecto de conformacin del Estado Nacional (Puiggrs, 1996; Serra, 1998). Desde las posiciones a favor de esta poltica, lo pblico estara dado por la gratuidad (garantizada por el fi nanciamiento estatal) y la no existencia de restricciones formales para el acceso. La argume ntacin no se detiene en este punto, sino que va ms all al proponer que representan una ma yor expresin de lo pblico. Desde esta concepcin, las escuelas autogestionadas son “ms pblicas” que las escuelas pblicas ‘tradicionales’ (tal como son mencionadas en es tos discursos las escuelas estatales), ya que, por un lado, al estar menos reguladas por el Es tado tienen mayor flexibilidad para adaptarse a la diversidad del alumnado y responder a las demandas de la comunidad, estableciendo un vnculo ms fluido con ella. Por otro lado, esta idea se sostiene en la conviccin de que esta forma de organizacin del sistema educativo abre un espacio ––anterior mente inexistente– a la participacin de la sociedad civil, en la lnea de las “organizaciones p blicas no estatales” de Bresser Pereira10. La sociedad civil aparece en un lugar central, considerada como el espacio en el cual los individuos tienen capacidad de accin aut noma para defender sus propios intereses. En esta lgica, la organizacin de la sociedad civ il estara dada por acuerdos entre individuos que buscan la satisfaccin de un inters particular coincidente entre ellos, y tanto el Estado como lo pblico son pensados desde la direccionalidad que la sumatori a de los intereses particulares le imprime. Desde esta concepcin, estas escuelas seran pblicas porque sostienen el derecho a la educacin en tanto garantizan la grat uidad y el acceso; pero tambin porque las asociaciones que se presentan al concurso son pensadas como producto de acciones pblicas debido a cmo se piensa la sociedad civil: la coincidencia de intereses entre los miembros de cada asociacin son reflejo de demandas soci ales. Se supone que en la pluralidad de propuestas educativas que lleven adelante una mu ltiplicidad de asociaci ones educacionales se vern de uno u otro modo representados los va riados intereses de las familias y se dar respuesta a las necesidades de la gente (Jaimovich y Saforcada, 2003). De acuerdo con un informe elaborado por el Gobierno de la Provinci a y el CIPPEC (2002), es la “sociedad civil 9 Declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de San Luis a raz de las marchas en contra del Proyecto de Escuelas Autogestionadas y de los cambio s en el Ministerio de Educacin, el lunes 2 de Septiembre de 2002. 10 En un artculo publicado en respuesta a las objeciones que se han realizado en relacin con las escuelas autogestionadas se sostiene que “incrementar los niveles de autogestin ciudadana en el espacio pblico y en el marco de instituciones no aranceladas, sin fines de lucro y capaces de atender a la diversidad cultural, parece ms bien el rasgo prop io de una poltica destinada a fortalecer el espacio pblico ms que privatizarlo” (Narodowski, 1999).

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 11 que se hace responsable” a travs de la particip acin en las iniciativas pblicas de personas y entidades que tienen “inters legtimo”. Esta forma de pensar lo pblico se distancia de la idea de educac in pblica asociada a un proyecto de Estado Nacional, pensada como construccin de un “nosotros” y como expresin del bien comn. Desde aqu pueden leerse los posicionamientos de los sectores opositores a esta poltica, cuando sostienen que es una poltica privatizadora porque las escuelas estn manejadas por as ociaciones particulares. Se considera que desarrollar un proyecto particular en un espacio “abierto a todo el que quiera participar” no implica que ese proyecto sea expresin de lo pblico, al tiempo que no puede legitimarse el espacio pblico como la sumatoria de proyectos particulares. De acuerdo con Whitty (2000), este modelo implica una privatizacin de la educacin en un sentido ideolgico. Este modelo conlleva un proceso de privatizacin por investir de carcter pblico acciones que responden a inte reses particulares y que por lo tanto son propias de la esfera privada. Las asociaciones que gestionan la s escuelas son producto de la iniciativa personal de cada uno de sus miembros de junt arse con los otros y, desde sus intereses particulares, elaborar un programa o propuesta. Son razonamientos propios de la esfera privada los que comienzan a operar en el campo educativo, deslegitimando aquellos que se arraigan en la concepcin de la educacin como un derecho social que debe hacerse efectivo y en la consideracin de lo pblico, no solamente como el espacio abierto a todos y cada uno, sino tambin como el espacio en el que deben desarrollarse los debates y actividades orientados a la consecucin del bien comn. “Autogestin” por decreto: algunas reflexiones Resulta claro que esta poltica pblica desarro llada en la provincia de San Luis no tuvo su origen en demandas de la comunidad educativa, sino en intereses de sectores particulares. A su vez, el desarrollo e implementacin del pr oyecto —al ser iniciado por decreto del poder ejecutivo— tampoco habilit ning una posibilidad de debate, ni siquiera en los espacios ya institucionalizados como el poder legislativo provincial. De este modo, la autogestin que estas escuelas suponen surge como una poltica desd e el Estado bajo la lgica de las reformas “topdown” o impuestas desde arriba. Si definimos el carcter pblico de estas escu elas sobre la base de la participacin de los actores, esta experiencia no parece habilit ar mayores posibilidades de participacin y democratizacin al interior de las institucione s que otras formas de organizacin escolar, sino que, por el contrario, lleva a una profundizacin de tendencias verticalistas y abre un espacio de arbitrariedad significativo tant o en las relaciones laborales, como en la gestin institucional. En primer lugar, el proyecto institucional es elaborado por la asoc iacin educacional, que luego de ganar la licitacin contrata a los docen tes, quienes, de este mo do, no han participado en la definicin inicial de la propuesta. En segundo lugar, si bien el decreto de creacin prevea la incorporacin de los docentes a la asociacin educacional una vez cumplidos dos aos de desempeo en la escuela, esta situaci n se ha encontrado con serios obstculos en la prctica: en algunos casos los miembros de las asociaciones decidieron interrumpir los contratos de los docentes una vez cumplidos los dos aos para evitar su incorporacin; en otros, los docentes s han sido incorporados, pe ro las asociaciones han generado mecanismos para que esta inclusin sea slo formal y no involucre su participacin en la toma de decisiones de las asociaciones. En este sentido, la mayora de los docentes que trabajan en las escuelas autogestionadas las caracterizan como “e scuelas pblicas de gestin privada”11. En esta 11 Del mismo modo las han caracterizado la mayora de los padres encuestados en las tres Escuelas Autogestionadas donde se realiz el trabajo de campo.

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Polticas Pblicas de Privatizacin 12 misma lnea, y de acuerdo con algunos de los testimonios de los docentes, las escuelas autogestionadas “son pblicas para los alumnos y privadas para los docentes”. ‘Pblicas para los alumnos’ en tanto no establecen requisitos de acceso y son gratuitas; ‘privadas para los docentes’ porque el rgimen de contratacin y la inestabilidad laboral son los que rigen para el sector privado. Tampoco se pone en evidencia que otros actores de la comunidad (padres y alumnos, organizaciones comunitarias, etc.) tengan una participacin mayor que en organizaciones ms tradicionales del sistema educat ivo. A partir del relato que realizan padres y docentes de estas escuelas sobre las actividades en las que participan, se observa que hasta el momento no han logrado construirse vnculos entr e las escuelas y las familias diferentes a los que se establecen en las escuelas pblicas tradicionales12. El modelo de participacin que subyace a las escuelas autogestionadas se relaciona ms con una racionalidad econmica de corte ef icientista propia del paradigma de la “accountability” o rendicin de cuentas, qu e con una propuesta de democratizacin del vnculo escuela comunidad. Por otro lado, junto a una retrica basada en la eficiencia en la gestin, se retoman reivindicaci ones histricas en torno a la au tonoma y la participacin para dotarlas de un nuevo sentido. En este proceso, se redefine el imaginario histrico que la educacin pblica asumi en Argentina y, cons ecuentemente, el papel asignado al Estado como garante del derecho a la educacin en tanto derecho de ciudadana. El proyecto de escuelas autogestionadas de San Luis se inscribe en una operacin discursiva basada en el uso de nociones “con la s cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta” (Bourdieu y Wacquant, 1999). La fuerza performativa de estas nociones descansa en el hecho de que condensan y vehicu lizan toda una filosofa del individuo y de la organizacin social, razn por la cual funcionan como verdaderas palabras de orden poltico, en tanto son utilizadas sin hacerse explcitos los supuestos que en los que se asientan. De este modo, las fronteras de lo pblic o se redefinen en un doble sentido: se “ensanchan”, incluyendo en el espacio de la educacin pblica formas de gestin privadas o particulares identificadas como pblicas no estatale s; pero a la vez, se “estrechan”, en tanto el carcter pblico queda reducido a la gratuidad del servicio y el libre acceso en cada institucin. Los modos de construccin poltica puestos en juego en la definicin e implementacin de este proyecto, as como los objetivos vinculad os con una educacin ms democrtica, justa e igualitaria quedan, en el discurso oficial, separa dos de la discusin acerca del carcter pblico de estas escuelas. A la vez, queda soslayada –de bido a la supuesta neutralidad del modelo que la orienta– la discusin poltica s obre el sentido de esta propuesta. 12 En un testimonio de una directora de una escuela autogestionada se observa claramente que la distancia tradicional entre categoras (padres, do centes) se mantiene: “...en algunas actividades trabajamos conjuntamente con los padres, no en todas. Es un aprendizaje lento porque esta escuela fue una aspiracin de muchos y en los procesos de enseanza aprendizaje nos gusta que la injerencia sea del docente. No quiere decir esto que los padres no estn a tono de la informacin que requieren porque nosotros trabajamos un cuaderno de comuni caciones gratuito pero obligatorio... el que no lo trae tiene alguna sancin o media falta, entonces se preocupan por traerlos. Y ah se vuelca toda la informacin de las notas, de las faltas, de quin se comport mal”.

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Polticas Pblicas de Privatizacin 16 Fernanda Saforcada es Licenciada en Ciencias de la Educacin de la Universidad de Buenos Aires y Profesor a de Enseanza Primaria del Instituto Superior del Profesorado Mariano Acos ta, en Argentina. Cursa estudios de Maestra en Ciencias Sociales con orientacin en Educacin en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es docente en la Facultad de Filosofa y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora tesista en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, en la misma Universidad e investigadora asistente del Observatorio Latinoamericano de Polticas Educativas, en el Labor atorio de Polticas Pblicas. Correo-e: mfernanda@lpp-buenosaires.net

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Archivos Analticos de Polticas Educativas Vol. 12 No. 47 17 AAPE Editorial Board Associate Editors Gustavo E. Fischman Pablo Gentili Arizona State University Labor atrio de Polticas PblicasUERJ Hugo Aboites Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco, Mxico Adrin Acosta Universidad de Guadalajara Mxico Claudio Almonacid Avila Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacin, Chile Dalila Andrade de Oliveira Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil Alejandra Birgin Ministerio de Educacin, Argentina Teresa Bracho Centro de Investigacin y Docencia Econmica-CIDE Alejandro Canales Universidad Nacional Autnoma de Mxico Ursula Casanova Arizona State University, Tempe, Arizona Sigfredo Chiroque Instituto de Pedagoga Popular, Per Erwin Epstein Loyola University, Chicago, Illinois Mariano Fernndez Enguita Universidad de Salamanca. Espaa Gaudncio Frigotto Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil Rollin Kent Universidad Autnoma de Puebla. Puebla, Mxico Walter Kohan Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil Roberto Leher Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil Daniel C. Levy University at Albany, SUNY, Albany, New York Nilma Limo Gomes Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte Pia Lindquist Wong California State University, Sacramento, California Mara Loreto Egaa Programa Interdisciplinario de Investigacin en Educacin (PIIE), Chile Mariano Narodowski Universidad Torcuato Di Tella, Argentina Iolanda de Oliveira Faculdade de Educao da Universidade Federal Fluminense, Brasil Grover Pango Foro Latinoamericano de Polticas Educativas, Per Vanilda Paiva Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil Miguel Pereira Catedratico Universidad de Granada, Espaa Angel Ignacio Prez Gmez Universidad de Mlaga Mnica Pini Universidad Nacional de San Martin, Argentina Romualdo Portella do Oliveira Universidade de So Paulo, Brasil Diana Rhoten Social Science Research Council, New York, New York Jos Gimeno Sacristn Depto. de Didctica y Organizacin Escolar de la Universidad de Valencia, Espaa Daniel Schugurensky Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada Susan Street Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social Occidente, Guadalajara, Mxico Nelly P. Stromquist University of Southern California, Los Angeles, California Daniel Suarez Laboratorio de Politicas Publicas-Universidad de Buenos Aires, Argentina Antonio Teodoro Universidade Lusfona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal Carlos A. Torres University of California, Los Angeles Jurjo Torres Santom Universidad de la Corua, Espaa Lilian do Valle Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil

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Polticas Pblicas de Privatizacin 18 The World Wide Web address for the Education Policy Analysis Archives is http:// epaa.asu.edu Editor: Gene V Glass, Ar izona State University Production Assistant: Chris Mu rrell, Arizona State University General questions about appropriateness of topics or particular articles may be addressed to the Editor, Gene V Glass, gl ass@asu.edu or reach him at College of Education, Arizona State University, Tempe, AZ 85287-2411. The Commentary Editor is Casey D. Cobb: casey.cobb@uconn.edu. EPAA Editorial Board Michael W. Apple University of Wisconsin David C. Berliner Arizona State University Greg Camilli Rutgers University Linda Darling-Hammond Stanford University Sherman Dorn University of South Florida Mark E. Fetler California Commission on Teacher Credentialing Gustavo E. Fischman Arizona State Univeristy Richard Garlikov Birmingham, Alabama Thomas F. Green Syracuse University Aimee Howley Ohio University Craig B. Howley Appalachia Educational Laboratory William Hunter University of Ontario Institute of Technology Patricia Fey Jarvis Seattle, Washington Daniel Kalls Ume University Benjamin Levin University of Manitoba Thomas Mauhs-Pugh Green Mountain College Les McLean University of Toronto Heinrich Mintrop University of California, Los Angeles Michele Moses Arizona State University Gary Orfield Harvard University Anthony G. Rud Jr. Purdue University Jay Paredes Scribner University of Missouri Michael Scriven University of Auckland Lorrie A. Shepard University of Colorado, Boulder Robert E. Stake University of Illinois—UC Kevin Welner University of Colorado, Boulder Terrence G. Wiley Arizona State University John Willinsky University of British Columbia


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Educational policy analysis archives.
n Vol. 12, no. 47 (September 12, 2004).
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Tempe, Ariz. :
b Arizona State University ;
Tampa, Fla. :
University of South Florida.
c September 12, 2004
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Polticas pblicas de privatizacin : una mirada a la experiencia ee las escuelas autogestionadas de San Luis / Myriam Feldfeber, Anala Jaimovich [and] Fernanda Saforcada.
650
Education
x Research
v Periodicals.
2 710
Arizona State University.
University of South Florida.
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t Education Policy Analysis Archives (EPAA)
4 856
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